El aceite de origen tunecino sigue avanzando en el mercado español mientras los productores nacionales denuncian una competencia que consideran desleal y unos controles insuficientes sobre las importaciones procedentes de terceros países. Desde 2016, Túnez ha incrementado un 85% sus exportaciones de aceite a España, pese a que el país continúa siendo el primer productor mundial y cuenta con más de 2,7 millones de hectáreas de olivar.
La expansión coincide con un fuerte desarrollo de la industria oleícola tunecina. Con 1,82 millones de hectáreas cultivadas, Túnez es el cuarto productor mundial y el principal exportador de fuera de la Unión Europea. Además, fondos europeos han contribuido desde 2013 a modernizar instalaciones del país, incorporar sistemas de digitalización y mejorar los procesos de producción. Para agricultores españoles como Paco Elvira, productor de Jaén y responsable sectorial de COAG, resulta paradójico que Bruselas financie esta transformación mientras, a su juicio, no establece instrumentos equivalentes para proteger a los productores comunitarios.
El sector señala especialmente el enorme volumen que llega sin envasar. Durante la campaña 2025-2026, la producción tunecina alcanzó entre 400.000 y 500.000 toneladas y sus exportaciones aumentaron un 63,9%, con ingresos superiores a 1.100 millones de euros. El 87,5% se comercializó a granel, lo que permite que grandes empresas españolas e italianas lo utilicen como materia prima, lo procesen, realicen mezclas y posteriormente lo vendan bajo sus propias marcas. Elvira califica esta situación de «fraude generalizado y consentido».
COAG pone también el foco en las distintas vías utilizadas para introducir aceite tunecino en la UE. Existe un contingente de 56.700 toneladas anuales con arancel cero, al que se añade el Tránsito de Perfeccionamiento Activo (TPA), mediante el cual pueden entrar más de 100.000 toneladas al año sin aranceles ni IVA siempre que sean procesadas en territorio comunitario y posteriormente reexportadas. Una tercera fórmula son los depósitos aduaneros, que la organización agraria denuncia como un posible «coladero» debido a la falta de información detallada sobre el destino final de las mercancías.
Las acusaciones van más allá. Según los datos aportados por esta organización, el 38,1% de las exportaciones tunecinas de aceite habría accedido al mercado europeo de forma irregular o mediante declaraciones falsificadas. Se trata de una denuncia de COAG, que también reprocha al Gobierno español que no solicite la activación de mecanismos de salvaguarda frente a estas importaciones.
Mientras tanto, los olivareros españoles aseguran soportar unas exigencias mucho mayores. Entre ellas figuran la trazabilidad, los controles de las almazaras, las restricciones sobre determinados productos fitosanitarios y otras obligaciones regulatorias. Elvira sostiene que, entre 2018 y 2023, España únicamente tomó tres muestras destinadas a analizar residuos de plaguicidas en importaciones llegadas desde otros países, frente a los controles recurrentes soportados por los productores nacionales. La reivindicación de las denominadas «cláusulas espejo», que obligarían a los productos importados a cumplir requisitos equivalentes, lleva años sobre la mesa sin materializarse plenamente.
El temor del sector es que esta presión termine convirtiéndose en un problema estructural para el olivar español. Los productores advierten de márgenes cada vez más estrechos —con costes que, en el caso expuesto, alcanzan los 3,80 euros por kilo de aceite— y alertan de que algunas explotaciones de Andalucía y Extremadura están siendo abandonadas. Su reclamación pasa por endurecer los controles sobre el producto extracomunitario y evitar que unas importaciones de menor coste terminen desplazando a una actividad de la que dependen miles de explotaciones familiares españolas.
