El adelanto electoral retrasará, según las fuentes fiscales citadas por El Mundo, la eventual petición de investigar al PSOE como persona jurídica en la causa de las presuntas cloacas de Ferraz o la financiación irregular. Anticorrupción aprecia indicios para dar ese paso, pero considera necesario practicar antes nuevas declaraciones y, de acuerdo con esas fuentes, no formulará la solicitud durante la precampaña o la campaña para evitar interferir en las elecciones.

Entre las diligencias pendientes figuran los interrogatorios de Santos Cerdán y Leire Díez, que todavía no han sido citados a declarar en este procedimiento ante el juez Santiago Pedraz. El Ministerio Público entiende que debe escuchar a ambos antes de pronunciarse sobre la responsabilidad penal de la formación. La investigación trata de esclarecer la actuación de una supuesta red dedicada a obstaculizar procedimientos judiciales y a presionar a jueces y fiscales.

La posible implicación del partido ha cobrado relevancia después de la declaración de su gerente, Ana María Fuentes, quien atribuyó a Cerdán la responsabilidad de los pagos a integrantes de la presunta trama. Según la información del periódico, Anticorrupción considera que las funciones que desempeñaba el entonces secretario de Organización constituyen un elemento relevante para examinar una eventual responsabilidad del PSOE. Esa valoración todavía debe traducirse en una petición formal y en la correspondiente decisión judicial.

El efecto del calendario electoral sería, por tanto, un aplazamiento de esa posible solicitud, no la paralización de la causa. Las fuentes consultadas sostienen que no se promoverá la investigación de un partido como persona jurídica en las semanas previas a las urnas. Entretanto, las diligencias pueden continuar. El diario señala también que el Gobierno y la dirección socialista conocían la posibilidad de que el avance de las investigaciones trajera nuevas decisiones judiciales adversas, entre ellas el levantamiento del secreto de la causa sobre la presunta financiación irregular de la formación.

Este procedimiento se suma a otros frentes que afectan a antiguos dirigentes socialistas y responsables de organismos públicos. La información sitúa entre los investigados a José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el rescate de Plus Ultra y unas joyas presuntamente no declaradas; a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. También menciona a Vicente Fernández, Manuel Llamas, Bartolomé Lora, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero Lizano. En el caso de Cerdán, el periódico señala que las pesquisas sobre las presuntas presiones a jueces y fiscales se añaden a las relacionadas con adjudicaciones de obra pública.

El panorama descrito incluye asimismo las condenas a José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz, así como el procedimiento contra Begoña Gómez, pendiente, según esa información, de un juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación vinculados a su actividad en la Universidad Complutense. La convocatoria electoral no extingue ni suspende automáticamente esos procedimientos: su consecuencia concreta en la causa de Ferraz sería posponer la decisión de Anticorrupción sobre la solicitud de imputación del PSOE.