El acoso y derribo contra los agricultores españoles y sus tierras no ha hecho más que empezar. Solaria Energía y Medio Ambiente ha cerrado un principio de acuerdo con Banco Sabadell para financiar a largo plazo 175 MW de instalaciones solares en territorio nacional, por un importe que podría alcanzar los 93,5 millones de euros, según avanza EsDiesto. Así lo ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), señalando que la operación está condicionada a la aprobación del comité de riesgos del banco y a la finalización de la auditoría previa.
Detrás del disfraz de una «transición verde» se esconde una estrategia de explotación del mundo rural que avanza sin freno. Mientras se celebra como un logro medioambiental, este tipo de proyectos está acelerando la sustitución de tierras agrícolas, pastizales y entornos naturales por vastos campos industriales de placas solares. Lo que antes era un paisaje agrícola, lleno de vida y tradición, se convierte ahora en un desierto de cristal y acero que aliena a las comunidades locales.
La firma, que pretende alcanzar 18 gigavatios de capacidad instalada para 2030, continúa liderando una transformación que arrasa con la identidad rural en nombre de la eficiencia energética. La instalación de complejos como Oliva Solar, en la provincia de Guadalajara, no sólo consume espacios agrícolas que podrían alimentar a miles, sino que fragmenta hábitats esenciales para la fauna silvestre y elimina paisajes que forman parte del acervo cultural del país.
A nivel económico, el modelo tampoco convence. Mientras Solaria presume de beneficios millonarios —sólo en 2023 declaró más de 107 millones de euros en ganancias— las comarcas donde aterrizan sus plantas apenas notan mejoría. Los trabajos que se generan están ligados casi exclusivamente a la fase de construcción y desaparecen una vez terminada la obra, dejando un rastro de desempleo estructural y abandono del campo. Se sustituye así una economía basada en la producción local por una dependencia creciente de empresas del IBEX 35.
Todo este esquema se apoya, además, en una estructura de financiación cada vez más opaca y concentrada. A los 93,5 millones del Sabadell se suman cifras astronómicas como los 1.700 millones que el Banco Europeo de Inversiones comprometió en su momento, configurando un modelo en el que el dinero fluye hacia los consejos de administración, mientras el tejido rural se desangra.
Y no faltan sombras que enturbien aún más este escenario. Resulta inevitable recordar que, en 2021, apenas seis semanas después de que Isabel Rodríguez fuera nombrada ministra de Vivienda por Pedro Sánchez, su esposo, Iván Molinero Camacho, fue fichado como alto cargo por Solaria. Hasta entonces había trabajado como panadero y reponedor, lo que hace aún más llamativo su repentino aterrizaje en una gran empresa energética justo cuando esta comenzaba a acceder a generosas financiaciones públicas y privadas. No se trata de una prueba concluyente de trato de favor, pero sí de un episodio que alimenta las sospechas sobre el maridaje entre poder político y grandes corporaciones del sector verde.
