La futura Ley de Consumo Sostenible, en la que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, prevé la prohibición de cualquier tipo de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, sin participación de componentes renovables, cuando sea emitida por empresas del sector del carbón o del petróleo.
Esta nueva norma busca luchar contra el «ecoblanqueo», es decir, aquellas técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus «marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son». También prevé incluir el derecho a reparar como principio básico.
La normativa, que ya pasado por el trámite de consulta pública, tiene por objeto la trasposición de las Directivas de Empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y la del Derecho a reparar, así como la regulación de diversas materias que ahondan en un consumo sostenible de bienes y servicios. Distintas fuentes han recordado que «el compromiso con la transición hacia un consumo íntegramente sostenible ha sido asumido en el conjunto de la Unión Europea, a través del Pacto Verde Europeo».
