El Ayuntamiento de Barcelona destinó 248.592,75 euros a 15 abogados para prestar asistencia durante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ilegales desarrollado entre marzo y junio.
Según la documentación municipal obtenida a través de una solicitud de transparencia, los dispositivos gestionaron 517 solicitudes, por lo que la relación entre el desembolso destinado a los letrados y el número de expedientes tramitados arroja una media de 480,84 euros por solicitud.
La cifra no significa que cada expediente tuviera asignado individualmente ese coste, sino que resulta de dividir el gasto total en abogados entre las solicitudes gestionadas durante el operativo. Cada profesional supuso, de media, 16.572 euros de gasto durante los cuatro meses.
Cinco puntos de atención y varios sin cita previa
Los abogados fueron desplegados en cinco instalaciones municipales: el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de la calle Tarragona, las Oficinas de Atención Ciudadana de Sant Miquel y Sicilia, Miquel Bleach y el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Cuatro de estos espacios funcionaron sin necesidad de cita previa.
El dispositivo de Fira estuvo operativo entre el 8 de mayo y el 5 de junio, mientras que el de Miquel Bleach permaneció abierto desde finales de abril hasta el cierre del procedimiento, el 30 de junio. La respuesta oficial está firmada por la responsable municipal del Departamento de Acogida de Personas Migradas y Refugiadas.
87.000 atenciones para 517 solicitudes
Uno de los datos más llamativos aparece al comparar el número de personas atendidas con el volumen de expedientes gestionados por los abogados. El Ayuntamiento asegura haber prestado cerca de 87.000 atenciones, mientras que las solicitudes contabilizadas en estos dispositivos fueron 517.
La relación matemática equivale a unas 168 atenciones por cada expediente, aunque ambas cifras no son directamente comparables: las 87.000 incluyen consultas, orientación y otras actuaciones que no necesariamente acabaron convirtiéndose en una solicitud de regularización. El Consistorio no especifica cuántas de esas atenciones dieron finalmente lugar a un expediente.
Más de 34.700 certificados de vulnerabilidad
Barcelona también expidió 34.735 informes de vulnerabilidad relacionados con el procedimiento. La cifra resulta superior a la anunciada públicamente por el propio Ayuntamiento cuando finalizó el plazo el pasado 30 de junio. Entonces comunicó la emisión de 34.576 certificados.
Existe, por tanto, una diferencia de 159 documentos que la respuesta municipal no explica. La documentación tampoco permite establecer una relación directa entre esos más de 34.000 informes y las 517 solicitudes gestionadas por los abogados contratados específicamente para el operativo.
Peruanos, colombianos y argelinos encabezan las solicitudes
Entre las 517 solicitudes atendidas, el 53% correspondió a mujeres y el 47% a hombres. Por nacionalidades, los peruanos representaron el 18%, seguidos de colombianos y argelinos, ambos con un 10%; venezolanos, con un 9%; y hondureños, con un 7%. Estas cinco nacionalidades concentraron en conjunto el 54% de todos los expedientes. El Ayuntamiento no facilita la distribución correspondiente al resto de países.
Cataluña encabezó las solicitudes en toda España
El dispositivo municipal coincidió con la primera fase de la regularización extraordinaria impulsada a nivel nacional. En toda España se presentaron 1.174.978 solicitudes, de las que más de 609.000 habían sido tramitadas posteriormente.
Cataluña encabezó el volumen de peticiones con 257.602 expedientes, una cifra muy superior a la registrada en otras comunidades. Barcelona desplegó así recursos municipales propios para facilitar la presentación de solicitudes, pese a que la resolución definitiva corresponde a la Administración estatal.
