En los últimos años, varios tribunales españoles han tumbado las ordenanzas municipales que regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), poniendo en entredicho la legalidad de millones de multas impuestas en ciudades como Madrid o Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue uno de los primeros en pronunciarse en contra, anulando las ordenanzas de movilidad de varios municipios catalanes, una decisión que también adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre del pasado año.
Según la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Supremo ya ha inadmitido recursos similares interpuestos por los consistorios de Barcelona y Esplugues, obligándoles a devolver cientos de miles de multas impuestas ilegalmente. Aun así, desde la organización han denunciado que muchos ayuntamientos continúan ejecutando cobros incluso mediante embargos.
El caso más llamativo es el de Madrid, donde, entre septiembre de 2021 y julio de 2024, se han formulado más de 2,5 millones de denuncias vinculadas a la ZBE, con un importe total que roza los 480 millones de euros. No obstante, desde AEA han señalado que, «si el Ayuntamiento de Madrid hubiese acatado la sentencia, estas denuncias tendrían que haberse anulado de inmediato. En lugar de eso, ha optado por una estrategia dilatoria mientras espera una resolución del Supremo que, a la vista de precedentes similares, es muy probable que también le sea desfavorable».
Ante esta situación, AEA ha aconsejado a los automovilistas sancionados que recurran todas las multas relacionadas con las ZBE, incluso si sus ayuntamientos han presentado recursos ante el Tribunal Supremo. La organización recuerda que sólo así podrán evitar que las sanciones adquieran firmeza y podrán solicitar su devolución si, como ya ha ocurrido en otros casos, las ordenanzas acaban siendo anuladas.
