La Agencia Valenciana Antifraude ha comunicado al Tribunal Supremo que está llevando a cabo una investigación relacionada con la construcción de la estación de tren de cercanías en Albal (Valencia). En un escrito dirigido al magistrado Leopoldo Puente, este organismo ha detallado que ha identificado posibles anomalías en el acuerdo que dio pie a la ejecución de las obras, las cuales podrían tener vinculación con los hechos actualmente bajo análisis judicial.
El proyecto se ha desarrollado a lo largo de varias legislaturas, comenzando durante la etapa de José Blanco como ministro, siguiendo con José Luis Ábalos y concluyendo ya bajo la dirección de Óscar Puente. Según expone la Agencia en su informe al Alto Tribunal, el origen de esta infraestructura se remonta a 2011, cuando el entonces Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, firmó un protocolo de colaboración con el objetivo de levantar una estación de cercanías en el municipio valenciano.
Durante el análisis del expediente, Antifraude ha señalado irregularidades en distintas fases del proceso, tanto en la gestión administrativa como en la ejecución técnica. Entre otras cuestiones, se alerta de un posible sobrecoste superior al millón de euros que habría sido abonado por el Ayuntamiento a Adif, pese a que la cantidad real necesaria para la obra era inferior. Parte del presupuesto utilizado procedía de fondos europeos.
Asimismo, el organismo ha advertido que no se habrían cumplido varios de los requisitos establecidos en el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana. En el informe, Antifraude ha afirmado que se han detectado actuaciones, omisiones o decisiones que podrían constituir faltas administrativas graves relacionadas con la financiación y formalización del acuerdo para construir la estación ferroviaria.
