El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, presentó el lunes sus terceros presupuestos desde que el Partido Socialista de Navarra entregó el Ayuntamiento a EH Bildu, con la intención de poner en marcha un llamado «nuevo plan de convivencia» que, según él, pretende fomentar el «respeto mutuo» y ofrecer «apoyo a todas las víctimas de la violencia política». No detalló nombres, no definió qué tipo de violencia ni a qué víctimas se dirigía ese respaldo y, aun así, incluyó en las cuentas públicas —que suman 293,78 millones de euros y que se votarán el próximo 27 de noviembre— dos subvenciones nominativas que supuestamente garantizan esa atención.
Según la información a la que ha tenido acceso Abc, este año aparece una beneficiaria que no figuraba antes. A la habitual aportación al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se añade una partida para la Fundación Egiari Zor. Esta entidad sostiene que la historia reciente del País Vasco y Navarra constituye un «conflicto político» entre dos bandos enfrentados desde 1936 por culpa de la «imposición y la violencia» ejercida por los Estados de España y Francia. Fue creada en 2012, justo después de que ETA anunciase el fin de su actividad criminal tras años de presión policial, y repite al milímetro los postulados de EH Bildu al equiparar a las víctimas del terrorismo con supuestas víctimas del Estado.
Tanto Covite como Egiari Zor recibirán exactamente 3.000 euros para sus actividades en Pamplona. Sin embargo, las diferencias entre ambas organizaciones resultan abismales. Para Egiari Zor no existen 857 asesinados por una banda terrorista dedicada a la extorsión, los secuestros y los atentados planificados. En su lugar hablan de una «lucha armada» contra dos Estados «represores». Su manifiesto fundacional lo deja claro: los firmantes se identifican como familiares de fallecidos «por la estrategia de los estados» o como personas heridas o torturadas dentro de ese supuesto «contexto».
La fundación afirma que «la represión de amplios sectores sociales, laborales y populares» durante medio siglo provocó un caudal «innegable» de sufrimiento y, en la única referencia velada a las víctimas de ETA, asegura que comprende a quienes perdieron a un familiar «por efecto de la lucha armada». Acto seguido exige respeto para su propio relato y para la memoria de quienes, según ellos, padecieron «violencia de los estados».
Respecto a la actividad que prevén desarrollar en Pamplona gracias a la financiación municipal de 2026, basta con revisar su página web en el apartado «Cuál es nuestro trabajo». Además de charlas e investigaciones destinadas —dicen— a «sacar a la luz verdades ocultadas», su objetivo principal consiste en promover un «nuevo modelo de justicia» cuyo fin sea «la verdad y no el castigo». Una referencia directa al trato que reclaman para los presos etarras. También declaran como propósito la «denuncia pública de la impunidad de sus victimarios».