El bienestar social y la calidad de vida de los españoles vuelven a retroceder en 2025. Así lo constata el Índice Ponderado de Felicidad Social y Calidad de Vida elaborado por el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida (OICV) de la Universidad de Castilla La Mancha, que sitúa la valoración media en 7,17 puntos sobre 10, dos décimas menos que en 2024 y medio punto por debajo del máximo alcanzado en 2020.

El indicador, de carácter subjetivo, mide la percepción ciudadana sobre el entorno residencial, familiar, laboral y económico, así como factores estructurales como los servicios públicos, la política de vivienda, la integración social, la gobernanza y el impacto de crisis económicas y sanitarias.

El informe identifica un patrón recurrente de deterioro del bienestar, marcado por tres factores principales: el encarecimiento de la vivienda, la corrupción y los problemas de integración social. El acceso a la vivienda se consolida como el principal problema social. En comunidades como Baleares, Madrid y Cataluña, los precios han superado ya los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2008. El informe advierte de que no se trata de una distorsión coyuntural, sino de un problema estructural que afecta de lleno a jóvenes, familias y clases medias.

En las zonas más tensionadas, los residentes puntúan la relación entre precio, ubicación y calidad de la vivienda con apenas un 1 sobre 10. Solo Extremadura, La Rioja y áreas de baja presión demográfica en Castilla y León y Castilla-La Mancha logran aprobar.

El estudio subraya que la exclusión tecnológica se ha convertido en un nuevo factor de desigualdad. El edadismo digital afecta especialmente a los mayores de 75 años, limitando su acceso a servicios, su autonomía y su integración social. Al mismo tiempo, la soledad no deseada alcanza niveles preocupantes entre los jóvenes.

El informe FOESSA de Cáritas 2025 respalda este diagnóstico y alerta de que 9,4 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.