El Partido Popular rechazó este jueves la aplicación del artículo 155 en Cataluña «con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales» y garantizar el derecho de miles de padres a escolarizar a sus hijos en español, una propuesta que contó con el voto a favor de Ciudadanos y de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
Los populares, que mostraron un perfil bajo ante la manifestación del pasado domingo en Barcelona contra la imposición del catalán, rechazaron la aplicación del artículo 155 y no votaron a favor (se abstuvieron) de otras tres propuestas: asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las regiones; establecer un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento del artículo 3 de la Carta Magna; y revertir la instrumentalización que de los poderes públicos regionales hacen de las lenguas como elemento de división y confrontación.
El PP de Alberto Núñez Feijóo, que no acudió a la manifestación en Barcelona, apuesta por un «bilingüismo cordial» en las comunidades que ostentan dos lenguas, una «estrategia» que -en la práctica- constituye una claudicación en la defensa de los derechos lingüísticos de miles de familias en Cataluña, en Galicia, en Baleares o en el País Vasco… pues la falta de cordialidad siempre llega de un lado.
Dicho «bilingüismo cordial» lo «mostró» José María Aznar entregando las competencias educativas al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a cambio de su apoyo para alcanzar La Moncloa, Mariano Rajoy asegurando que la polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña se había «sobredimensionado» y recetando «moderación», o el propio Feijóo al frente de la Xunta al imponer la documentación oficial solamente en gallego -bajo el argumento de que es la lengua «propia» de Galicia-, una tesis que rechazó el Tribunal Constitucional al señalar que la condición de «lengua propia» no puede suponer «un desequilibrio (…) de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano» y advertir que las administraciones públicas en comunidades bilingües «no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».
La asociación Hablamos Español, precisamente una de las organizadoras de la manifestación en Barcelona, ya denunció «el fanatismo y el autoritarismo que subyacen a la política lingüística de la Xunta de Galicia, que se viste de tolerante ante el resto de España pero que -ideológicamente- no difiere de la que se lleva a cabo por cualquier gobierno de corte nacionalista». Y recordó que en las escuelas gallegas las comunicaciones con padres y alumnos, los boletines, la cartelería, etc… están solamente en gallego y, por ejemplo, en los concursos para fomentar la creatividad en los niños se prohíbe usar el español.
