No hay otro país en el mundo en que la lengua común se persiga desde sus propias instituciones públicas. Así llevamos 40 años, mientras en Estados Unidos el español avanza imparable, y por eso recordamos la frase que Bismarck nos dedicó: «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido».
La educación es el factor fundamental para vertebrar (o desgajar) una nación y quienes mejor lo han entendido son los partidos separatistas. Desde el PNV a la Convergencia de Pujol pasando por las versiones edulcoradas bajo las siglas PP o PSOE en Galicia, Valencia o Baleares, la lengua es utilizada como munición para construir identidades locales frente a la común, la española.
La realpolitik -éxtasis democrático bajo el que a menudo se justifican las mayores traiciones al Estado- justificó que Aznar entregara las competencias educativas a Pujol a cambio de sus escaños para llegar a la Moncloa. Era 1996 y desde entonces Cataluña ha avanzado, decreto a decreto, pacto a pacto, en el arrinconamiento y expulsión del español del espacio público.
Este cambalache partidista ha normalizado, bajo eufemismos delirantes como «gobernabilidad», que se negocie con lo más sagrado, esto es, la unidad de España. Así, la rendición al separatismo pujolista o el permanente chantaje del PNV gozan del estatus de pactos de Estado. Sin embargo, a Arzalluz no le pareció suficiente sacarle al PP la reforma del estatuto de autonomía y la mejora del concierto económico vasco del 96. Su aplastante victoria sobre Aznar debía ser pregonada a los cuatro vientos dejando al descubierto el pastel autonomista: «He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González».
Sería interesante conocer los motivos por los que tanto PP como PSOE y su coro mediático no defendieron entonces un pacto de Estado entre ambas fuerzas para blindar la lengua y aislar al separatismo. Aquello nunca sucedió y el acuerdo que suplican hoy los entusiastas del bipartidismo es precisamente para blindar el daño ya hecho, el robo al Estado, la erosión al patrimonio lingüístico común traducido, por ejemplo, en el ridículo 25% de asignaturas en español que imponen los tribunales y desobedece la Generalidad catalana.
Décadas de imposición y hegemonía separatista en las aulas dejan situaciones tan surrealistas como el acoso a una niña de 12 años cuyos padres exigen para ella el cumplimiento de la ley. Cómo estarán las cosas y cuánto terreno ha cedido el Estado que reclamar un mísero 25% de asignaturas en español Cataluña es considerado una agresión contra la diversidad cultural.
Por eso, antes que a cualquier intelectual conviene escuchar al padre de la niña de Canet de Mar: “No es un problema exclusivamente de Cataluña: es de España. Los catalanes somos españoles […], se usa todo el poder político y mediático para poner la educación al servicio de la ideología […], no es a favor del catalán ni por protegerlo: es contra el español, para marginarlo […], muchos profesores se hacen pasar por independentistas para conservar su puesto de trabajo”.
Mientras casi todos miran hacia otro lado, nadie repara el daño causado a las generaciones de estudiantes triturados por las leyes lingüísticas. Y no sólo en Galicia, País Vasco o Cataluña, pues el pancatalanismo, ese lebensraum impulsado por Junts y ERC con la complicidad del PSC (tonto útil y traidor de charnegos) extiende sus tentáculos en la Comunidad Valenciana, Baleares y algunas zonas de Aragón.
Naturalmente quienes más sufren el apartheid son los alumnos de familias con menos recursos. El fracaso escolar se dispara cuando el estudiante es hijo de castellanoparlantes, inmigrantes de otros lugares de España, en cuyas casas no se habla catalán. Este problema, claro, no lo tienen los niños de la burguesía autóctona, que van a colegios privados para sortear las leyes que papá aprueba para el resto.
Más delirante aún es que la izquierda (hoy centrada en las desigualdades de género) haya contribuido a marginar a los hijos de los obreros. Cada ley educativa aumenta la desigualdad contra los más humildes, a los que imponen la lengua como factor divisorio, de clase. También hay que sumar el factor CCAA: el Estado se gasta 9.000 euros por alumno en el País Vasco frente a los 4.000 en Murcia. El informe PISA es demoledor: andaluces, extremeños y canarios están dos cursos por detrás de los alumnos de Madrid.
Al final, se impone la lógica autonomista que genera 17 nacioncitas a diferentes velocidades, cada una con su propia historia de España, que acaban por destruir los vínculos entre compatriotas y la existencia de la nación española.
A corto plazo, desde luego, no conviene emocionarse: Feijóo sostiene que Galicia es una nación sin estado y cuando visita Cataluña regala las orejas a la burguesía, como hizo ante el Círculo de Economía en Barcelona en noviembre de 2014: “Si usted coge la historia de Cataluña y la historia de Galicia […] históricamente creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin estado». Y si no convence a los catalanes, siempre quedará el PNV.
