Nuevo pacto bipartidista (PP y PSOE) en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, ambas formaciones han unido fuerzas para sacar adelante la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una reforma que, lejos de centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos, apunta a aumentar el gasto político y reforzar el poder de los partidos tradicionales.
La propuesta, impulsada por el presidente autonómico Emiliano García-Page, recibió un apoyo abrumador en la Cámara Baja, donde populares y socialistas volvieron a actuar como un bloque, dejando en solitario a VOX como único partido que votó en contra. La formación de Santiago Abascal denunció que el texto es una «farsa» destinada únicamente a ampliar el número de diputados regionales y multiplicar los «chiringuitos» políticos.
Durante el debate, el portavoz de VOX, Manuel Mariscal, calificó a García-Page de «trilero» y criticó que el dirigente socialista pretenda equipararse a los independentistas al proponer una agencia tributaria propia, aunque sólo sea para gestionar impuestos locales y cedidos por el Estado. En un gesto simbólico, Mariscal rompió el texto del nuevo Estatuto en plena tribuna, denunciando lo que considera una maniobra del bipartidismo para blindar sus privilegios.
Frente a las críticas, Page defendió su proyecto como un ejemplo de «diálogo y consenso», argumentando que en su comunidad más de la mitad de las leyes se aprueban con respaldo de la oposición. Sin embargo, entre los puntos del nuevo Estatuto figuran medidas controvertidas, como la reforma de la ley electoral aprobada en tiempos de María Dolores de Cospedal, que ahora se pretende modificar para incrementar los escaños del Parlamento autonómico, lo que en la práctica supondría mayor gasto político y más estructura institucional.
El texto también incluye referencias a la «igualdad de derechos» y la «protección del Estado del bienestar», así como menciones a la lucha contra la despoblación, el cambio climático o la economía digital. A juicio de sus críticos, se trata de conceptos genéricos y de difícil cumplimiento, que sirven más para revestir de contenido social una reforma cuyo objetivo real sería garantizar la supervivencia del bipartidismo en la región.
Page defendió en el Congreso que la iniciativa es «plenamente leal a la Constitución» y subrayó que «el Estado de las autonomías ha sido positivo para toda España». Aun así, insistió en la necesidad de que cada comunidad pueda pedir «cosas distintas», siempre que se mantenga la igualdad en el acceso al bienestar.
Mientras el PSOE y el PP se felicitan por el nuevo «acuerdo histórico», las voces críticas denuncian que Castilla-La Mancha no gana en eficiencia ni en servicios públicos, sino en burocracia y en carga política. Un nuevo capítulo del bipartidismo que, una vez más, parece beneficiar más a los partidos que a los ciudadanos.
