Pese a la persecución que estos colegios sufren por parte de la izquierda, que tilda estas escuelas de «rémora del sistema educativo, negocio, escuela proselitista y segregadora», y dice que tiene «actitudes discriminatorias de tipo machista».
La Iglesia estima que por cada euro que el Estado y la sociedad invierten en los centros educativos de orientación católica, el retorno es de 4,1 euros -cuatro veces más- a través del IRPF, la contribución a la Seguridad Social y el poder adquisitivo de las personas que han estudiado en estos centros.
Así lo determina un estudio de la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC) encargado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para medir el impacto socioeconómico de la actividad educativa de la Iglesia presentado en Madrid.
El estudio analiza la inversión realizada en educación en 2016 a través de la aportación económica del Estado a los centros concertados, las cuotas que pagan los padres y otros conceptos como clases extraescolares, y realiza una proyección del retorno a la sociedad de esa inversión. Para calcular dicho retorno, analiza tres conceptos: la contribución a la Seguridad Social que realizarán los actuales estudiantes a lo largo de su vida laboral, su contribución a través del IRPF, y el salario que estiman que recibirán, y tiene en cuenta las tasas de abandono y fracaso escolar.
Con todos estos datos, el estudio concluye que en 2016 se invirtieron en los centros católicos españoles 4.866 millones de euros, mientras lo que recibirá la sociedad está estimado en 19.735 millones de euros, lo que supone que por cada euro invertido en estos centros, la sociedad recibirá 4,1 euros.
De esos 19.735 millones, 2.583 millones revierten en forma de tributación al IRPF y 1.252 millones son las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que el resto (15.900 millones de euros) se considera futuro poder adquisitivo de las personas que ahora estudian en este tipo de centros.
Si sólo se tienen en cuenta las etapas educativas no universitarias (primaria, secundaria y bachillerato) la inversión se estima en 4.298 millones de euros y el retorno en 14.252 (3,3 euros por cada euro invertido). En el nivel universitario el retorno se dispara y por cada euro invertido la sociedad recibe 9,6, ya que de los 568 millones de euros invertidos en centros universitarios de orientación católica, el retorno a la sociedad será de 5.483 millones.
El estudio también determina que la tasa de repetición de los colegios de orientación católica es un 38 % menor que la media, mientras que la tasa de fracaso en las universidades de orientación católica es un 36 % inferior.
La socia de PwC encargada de presentar el estudio, María Luz Castilla, ha afirmado, además, que los titulados de universidades de orientación católica aportan, a lo largo de su vida laboral, un 14 % más en contribuciones impositivas respecto al promedio de los titulados universitarios.
Según ha explicado la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Ester Martín, en España existen 2.591 centros de educación católica no universitaria en los que estudian casi 1,5 millones de alumnos, lo que supone que más del 18 % de la educación en el nivel no universitaria está atendida por instituciones vinculadas a la Iglesia católica. En el ámbito universitario hay 15 universidades vinculadas con la Iglesia católica además de un ateneo y tienen 87.425 alumnos, lo que supone el 69 % de los alumnos presenciales de las universidades privadas en España.
Y todo pese a la persecución que estos colegios sufren por parte de la izquierda, que tilda estas escuelas de «rémora del sistema educativo, negocio, escuela proselitista, segregadora y con actitudes discriminatorias de tipo machista para sustentar tradiciones patriarcales», tal y como hizo una diputada de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias el pasado 11 de mayo.
Desde 2015, después de la llegada del PSOE -con el apoyo de Podemos- a algunos Gobiernos regionales -en Aragón o en la Comunidad Valenciana, por ejemplo-, estas escuelas han sufrido una «agresión sin precedentes» al ver como se propone el cierre y se impide la creación de unidades concertadas, mientras se constituyen nuevas unidades en la enseñanza pública, incrementando el gasto, «en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias», según denuncia Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana. En este sentido, recuerda que «creen en la libertad» y que siempre han defendido «el sistema educativo plural, reconocido por la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
