Documentos oficiales del Cabildo Insular de Lanzarote —gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular—revelan que la corporación ha licitado un contrato por un importe base de 3.497.611,58 euros para la gestión integral de los centros de menores Yaiza I, Yaiza II y Alegranza durante 2026 y 2027. Este presupuesto cubre un período inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales —ya sea en dos extensiones anuales o una de dos años—, lo que podría elevar el gasto total estimado de casi 7 millones de euros si se aplican las prórrogas, siempre que se notifiquen con al menos dos meses de antelación y sin revisión de precios durante la vigencia.
La licitación, tramitada de forma anticipada bajo el procedimiento abierto regulado en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se centra en la atención a un máximo de 25 menores extranjeros no acompañados (menas), con una distribución de 8 plazas en Yaiza I, 7 en Yaiza II y 10 en Alegranza (este último ubicado en Arrecife y derivado de un antiguo dispositivo para menores extranjeros). Estos centros, reconvertidos desde su uso previo como dispositivos de primera acogida para inmigrantes ilegales llegados en pateras desde costas marroquíes como Tan-Tan o Tarfaya, ahora operan como recursos estables.
El contrato, catalogado como servicios sociales, exige una atención integral 24 horas al día, los 365 días del año, incluyendo acogida, alojamiento y manutención, atención social, educativa y sanitaria, seguimiento escolar a través de la red de centros docentes, actividades de ocio y tiempo libre, protección de la salud, y gestión de visitas, salidas y contactos con el exterior. El expediente justifica el lote único —en lugar de dividir en lotes separados— por motivos de eficiencia técnica, permitiendo la movilidad funcional del personal entre centros, la promoción de trabajadores y el compartir recursos como trabajadores sociales, personal de mantenimiento o auxiliares de servicios, lo que reduce costes operativos y mejora la coordinación global.
Este desembolso equivale a unos 1,75 millones de euros anuales, o aproximadamente 70.000 euros por plaza al año (alrededor de 5.800 euros mensuales por mena acogido). En un contexto de presión migratoria intensa en Canarias —con Lanzarote y Fuerteventura como principales puntos de llegada ilegal desde Marruecos, donde miles de pateras arriban anualmente saturando los recursos insulares—, el gasto se prolonga durante los dos años iniciales y potencialmente hasta cuatro si se prorroga. Mientras tanto, procesos de determinación de edad (pruebas óseas, dentales o documentales) pueden dilatarse hasta un año o más, período durante el cual se mantiene la acogida plena aunque muchos de estos individuos resulten ser adultos, según advertencias reiteradas de instancias europeas como la Comisión Europea en sus auditorías sobre fondos migratorios y fraudes en declaraciones de minoría de edad.
El contrato se tramita bajo el Gobierno actual de Oswaldo Betancort de Coalición Canaria (CC) y PP tras las elecciones insulares de 2023. Esta administración insular, alineada con el Gobierno de Canarias (también con Coalición Canaria y PP bajo Fernando Clavijo), justifica la inversión en el cumplimiento de la Ley 1/1997, aunque alienta el «efecto llamada» y la invasión migratoria.
