Como continuación a la información revelada por LA GACETA hace unas semanas sobre los traslados de inmigrantes ilegales desde las Islas Canarias a la Península, nuevos documentos confirman que el Gobierno ha intensificado estas operaciones en los primeros dos meses del año.
Según un informe detallado de los vuelos fletados, se han realizado un total de 16 vuelos, transportando a casi 2.500 inmigrantes ilegales. Fuentes consultadas cercanas a la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran a este medio que el Ejecutivo ha desembolsado más de 740.000 euros en estos traslados, una cifra que subraya el creciente coste económico de esta operación continúa para la dispersión de inmigrantes ilegales por todo el territorio nacional.
Los vuelos, todos con destino al aeropuerto de Madrid-Barajas (MAD), partieron de dos aeropuertos canarios: Tenerife (TF) y Las Palmas (LPA). Desde Tenerife se fletaron ocho vuelos, que movilizaron a casi 1.700 inmigrantes ilegales. Las aerolíneas implicadas en estas rutas incluyen Privilege, con cinco vuelos bajo el código PVG1225 (transportando 1.150 inmigrantes en total); Air Europa, con 2 vuelos (AEA842 y AEA8006, sumando 360 inmigrantes); y Smart Wings, con un único vuelo (TVS4364, con 180 trasladados). Por su parte, desde Las Palmas se operaron otros ocho vuelos, todos a cargo de Air Nostrum en colaboración con Iberia bajo el código ANE4082, trasladando a 800 inmigrantes en total (100 por vuelo).
Estos traslados se concentran en enero y febrero, con picos de actividad en fechas como el 15 y 29 de enero, cuando se registraron múltiples operaciones en sólo un día. En enero se efectuaron nueve vuelos (cinco desde Tenerife y cuatro desde Las Palmas), mientras que en febrero fueron siete (tres desde Tenerife y cuatro desde Las Palmas). Estas operaciones dejan múltiples interrogantes y fomentan aún más el actual «efecto llamada».
Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, la mayoría de estos vuelos fueron coordinados y operados en colaboración con la ONG ACCEM y Cruz Roja. Estas organizaciones no sólo facilitan el embarque en origen, sino que, una vez en Madrid-Barajas, disponen de los autobuses necesarios para distribuir a los inmigrantes a centros de acogida y establecimientos hoteleros habilitados para este fin. «Es un engranaje bien coordinado, que depende en gran medida de estas entidades para manejar el flujo posterior al vuelo», explica un agente de la Policía Nacional involucrado en las operaciones.
Todos los inmigrantes trasladados son peticionarios de asilo, pero ninguna de estas solicitudes ha sido aceptada hasta la fecha. Además, en los últimos vuelos se ha observado un cambio en los perfiles; más allá de la inmigración de origen subsahariano, también se han fletado inmigrantes de origen marroquí procedentes de Lanzarote y Fuerteventura. Al menos medio centenar de estos individuos han sido beneficiados por los traslados, a pesar de que este origen suele registrar las mayores tasas de denegación de asilo y protección internacional.
Los agentes expresan una gran preocupación ante el contexto de amenaza actual en materia de seguridad. «Desde estancias superiores de la Policía Nacional se nos pide que transmitamos cualquier tipo de pauta preocupante, pero a su vez se permite que sean fletados hacia la Península, encontrándonos en muchas ocasiones ante inmigrantes que han sido trasladados antes de cualquier entrevista policial, con el riesgo que esto conlleva», denuncian las fuentes consultadas. «Es frustrante ver cómo se prioriza la descongestión sobre la verificación exhaustiva; hemos detectado patrones que podrían implicar riesgos, pero las directrices superiores limitan nuestra capacidad de actuación inmediata», concluyen.
Esta situación se enmarca dentro de contrataciones de emergencia, que en la mayoría de los casos se ejecutan como acuerdos prioritarios con las ONG implicadas, sin dar cabida a otro tipo de organizaciones, con una opacidad extrema y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
