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La deuda de los okupas asciende a 60.000 euros

El calvario de un pensionista por sus inquiokupas: «No tengo por qué ser el escudo social del Gobierno»

Carmelo - Telemadrid

La ocupación de viviendas sigue siendo un problema creciente. Cada día aumentan los casos de viviendas ocupadas y de inquilinos que dejan de pagar el alquiler. En nuestro país, más de 80.000 personas se encuentran con sus viviendas ocupadas. Hoy conocemos el caso de Carmelo, un pensionista que heredó una vivienda que se ha convertido en una pesadilla para él.

Carmelo, residente en el distrito de Hortaleza en Madrid, heredó una casa de sus padres y gastó 40.000 euros en su reforma. El 1 de diciembre decidió alquilarla para obtener un ingreso adicional durante su jubilación. Sin embargo, solo cobró dos meses de alquiler antes de que sus inquilinas dejaran de pagar.

En la vivienda residen dos mujeres, primas entre sí, con sus respectivos hijos. Desde febrero de 2019, los pagos empezaron a ser irregulares y con la llegada de la pandemia en 2021, dejaron de pagar por completo. En total, la deuda asciende a 60.000 euros.

«Para mí es una pérdida económica importante«, comenta el pensionista Carmelo sobre la deuda de 60.000 euros que tienen sus inquilinas. Además, menciona que lo que más le afecta es la carga emocional que conlleva esta vivienda. En los años 60, sus padres ya sufrieron una gran estafa en la que más de 8.000 familias en Madrid y Valencia lucharon por sus viviendas. «Cada vez que pienso en lo que me está pasando, recuerdo lo que les sucedió a mis padres. Es un segundo sufrimiento sobre la misma casa».

«Yo podré ayudar a quien yo quiera, pero no tengo por qué ser el escudo social del Gobierno —se queja Carmelo—. Que las lleven a donde quieran, incluso a un anexo de La Moncloa, pero no tienen por qué vivir a mi costa».

Las inquilinas del pensionista firmaron un contrato de alquiler completamente legítimo. En esta nueva modalidad de ocupación, los ocupantes no fuerzan la entrada, firman el contrato y posteriormente dejan de pagar alegando vulnerabilidad. Este fenómeno se conoce como «inquiokupas«, y dificulta que los propietarios recuperen sus viviendas. «Es un proceso muy largo«, explica Carmelo, indicando que sus abogados tienen hasta 52 documentos para llevar el caso, incluyendo el lanzamiento del desahucio y las diferentes paralizaciones.

Además del perjuicio económico, Carmelo está sufriendo un daño psicológico e incluso físico. «Desde que empezó todo esto, tengo que tomar pastillas para dormir y he perdido mucho peso, porque no consigo quitármelo de la cabeza y se me hace un nudo en el estómago que me impide comer lo que debiera».

Aunque inicialmente intentó resolver el problema de manera amistosa, no obtuvo resultados. A principios de 2020, no tuvo más remedio que emprender acciones legales. Sin embargo, no contaba con la llegada de una pandemia que retrasaría todo el proceso y que, además, les proporcionaría a sus inquiokupas una coartada perfecta.

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