Era lo previsible y así ha sido. De poco ha servido la bonificación de 20 céntimos al combustible decretada por el Gobierno ante la subida imparable del precio del combustible.
Dos meses y medio después de que entrase en vigor la «ayuda» del Ejecutivo –que ha resultado ser igual de útil que la intervención del Gobierno en el mercado de la luz que se ha estrenado con una subida del 5% en las tarifas– el precio de la gasolina y el gasóleo continúa imparable.
Tanto la gasolina 95 como el gasóleo tienen en gran parte de las estaciones de servicio precios superiores a los dos euros por litro. Y la cosa amenaza con ponerse peor y superar este verano la barrera psicológica de los tres euros por litro, según pronostica el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, al diario ABC.
Esto significa, en la práctica, que llenar el depósito de un coche con una capacidad de 55 litros costará unos 165 euros «con lo que para un vehículo con un consumo de 7 litros a los 100 recorrer 20.000 km al año costará unos 4.200 euros, 350 euros al mes».
Así las cosas, la bonificación del Gobierno no solo no ha aliviado el bolsillo de los consumidores sino que está causando un perjuicio grave a las estaciones de servicio que están en manos de pymes (casi el 70 por ciento de las estaciones censadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico) que todavía no han recibido las cantidades adelantadas en concepto de bonificaciones.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, la Administración todavía no ha atendido un 16 por ciento de las peticiones de devolución, y podría no hacerlo, legalmente, hasta dentro de unos meses. Según la literalidad del Real Decreto Rd-L 6/2022 que regula esta medida «la Administración estaría dentro de plazo incluso si nos pagara el día 15 de junio las bonificaciones efectuadas en abril y hasta el 15 de julio para devolvernos las cantidades adelantadas a lo largo del mes de mayo», explica Rabadán a ABC. Además, como las devoluciones dependen de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, la rapidez con la que se están atendiendo las solicitudes varía mucho entre comunidades, «lo que está provocando desigualdades y desventajas competitivas».
La medida ha provocado el estrangulamiento financiero de las miles de pymes que conforman el sector que están teniendo que hacer frente a unos costes «que no tendrían si la medida no hubiera entrado en vigor».
Algunos proveedores, conscientes de los problemas de liquidez a los que se enfrentan las estaciones de servicio, están pidiendo el pago adelantado de las cisternas, explica Rabadán. «Tener que adelantar 1.000 euros diarios (33.000 euros mensuales) de media drena la liquidez de cualquier pyme, independientemente del sector en el que opere», denuncia.
Respecto a 2019, han desaparecido 492 empresas del sector y se han destruido 1.516 puestos de trabajo, según las cifras que barajan desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio CEEES.
