El Juzgado Central de Instrucción nº 4, bajo la dirección del juez José Luis Calama, decidió reabrir en abril la investigación sobre el espionaje que afectó a los móviles de varios ministros del Gobierno de España, entre ellos Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura), además del propio presidente Pedro Sánchez. El caso gira en torno al uso del software Pegasus, que fue utilizado para infiltrar estos dispositivos.
Según el análisis llevado a cabo por Libertad Digital, el juez Calama recibió una Orden Europea de Investigación (OEI) de las autoridades judiciales francesas, la cual incluía detalles de una investigación desarrollada en Francia durante 2021. Esta pesquisa, realizada con la colaboración de Israel y Estados Unidos, surgió a raíz de múltiples ataques a los teléfonos móviles de periodistas, abogados, funcionarios del gobierno francés y diputados, quienes también fueron víctimas del espionaje mediante Pegasus.
En respuesta a esta orden, el juez español solicitó un informe técnico al Centro Criptológico Nacional, una entidad adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El objetivo era comparar los elementos técnicos de los ataques en Francia y España, con el fin de identificar posibles coincidencias y esclarecer la autoría de los ciberataques.
El CNI ha podido confirmar que la misma «estructura informática» utilizada en Francia fue también empleada para espiar los móviles en España, incluyendo el del presidente Pedro Sánchez. Las similitudes entre ambos casos fortalecen la hipótesis de una conexión entre los ciberataques que afectaron tanto a miembros del Ejecutivo español como al gobierno francés.
