La investigación del denominado «caso Leire» ha alcanzado de lleno a la actual dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de la presidenta del holding público, Belén Gualda, y de otros cinco altos cargos del organismo en el marco de la causa que investiga una presunta red de influencias vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, según adelantó El Independiente.

La decisión forma parte de una batería de 25 nuevas imputaciones solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación trata de esclarecer las supuestas gestiones realizadas ante la SEPI por el grupo formado por Leire Díez, el expresidente del organismo Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. De acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este grupo habría utilizado sus contactos dentro de la entidad pública para intermediar en expedientes administrativos a cambio de contraprestaciones económicas.

La SEPI depende del Ministerio de Hacienda y fue el principal instrumento del Gobierno para canalizar las ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Belén Gualda accedió a la presidencia del organismo en marzo de 2021, cuando el departamento estaba dirigido por María Jesús Montero, a propuesta del Ministerio de Hacienda y mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Además de Gualda, entre los nuevos investigados figuran el director del FASEE, Julián Mateos-Aparicio; el director corporativo de la SEPI, Miguel Ángel Santiago Mesa; los altos cargos Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; y el exdirector de Participadas III Miguel Ángel Figueroa.

Este último dimitió hace dos semanas como interventor general de la Junta de Andalucía después de conocerse su vinculación con la causa. Su papel es uno de los que despierta mayor interés para los investigadores.

Según la documentación intervenida por la Guardia Civil durante el registro de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, en una de las libretas de Leire Díez figuraba una anotación manuscrita referida a Figueroa: «Va a ser nuestros ojos en la SEPI».

La UCO sostiene que el entonces alto cargo mantenía una comunicación «fluida» con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y que le facilitaba información interna sobre algunos de los expedientes más sensibles tramitados por el organismo, entre ellos el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por un importe de 112,8 millones de euros.

En el marco de la investigación, el juez Pedraz también ha autorizado a la Guardia Civil a clonar y analizar el contenido del teléfono móvil de Miguel Ángel Figueroa. El magistrado considera que las comunicaciones almacenadas en el dispositivo pueden resultar determinantes para reconstruir el funcionamiento de la presunta trama y el flujo de información que, según las pesquisas, habría salido de la SEPI hacia el grupo integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso.

La investigación coincide además con otro frente judicial que afecta al organismo. El expresidente de la SEPI Bartolomé Lora, que dirigió la entidad durante la fase inicial de los rescates empresariales de la pandemia, se encuentra investigado en la causa sobre el rescate de Air Europa y está citado a declarar este viernes ante el juez. Durante su etapa al frente de la SEPI se autorizó la ayuda pública de 475 millones de euros concedida a la aerolínea de la familia Hidalgo.