El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado la cifra de beneficiados por la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del «sólo sí es sí», y ha elevado a 1.155 las reducciones de pena y a 117 las excarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados.
En una nota de prensa, el órgano de gobierno de los jueces señala que son datos a 1 de julio recabados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia (TSJ) y las audiencias provinciales. Esta última actualización aumenta levemente el número de rebajas y excarcelaciones, que el pasado 1 de junio se situaba en 1.127 reducciones y 115 excarcelaciones.
Así, y según consta en las tablas que ofrece la oficina de prensa de este órgano, el Supremo ha dictado 31 reducciones de condena —dictadas en recurso de casación—, lo que supone el 36,5% de las revisiones totales efectuadas en el alto tribunal; la Audiencia Nacional sólo una reducción, el 14,3% de las revisiones; los Tribunales Superiores de Justicia 145 rebajas con 10 excarcelaciones, el 34,4% de las revisiones totales que efectuaron; y las Audiencias Provinciales 978 rebajas con 107 excarcelaciones, el 27,6% de las revisiones realizadas.
El CGPJ ofrece además los datos desagregados de los diferentes TSJ, y destaca a la cabeza de reducciones el de Madrid con 49, seguido de Islas Baleares con 16, Andalucía con 12 y Cataluña también con 12. Les sigue el TSJ de Asturias con 9 reducciones de condena, Castilla-La Mancha con 8 y Comunidad Valenciana con 7.
Los TSJ que menos reducciones han aplicado son el de Cantabria (0), La Rioja (1), Castilla y León (2), y País Vasco y Extremadura (3). En cuanto a excarcelaciones, los TSJ han determinado 10: Navarra 5, Aragón 3, Andalucía 1 y País Vasco 1.
Matiza el órgano de gobierno de los jueces que esos datos de los TSJ corresponden a resoluciones dictadas en recursos de apelación planteados bien contra sentencias de instancia, bien contra resoluciones dictadas por las audiencias provinciales en el trámite de revisión de penas.
