El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este lunes a las 17.00 horas un pleno extraordinario a petición de nueve vocales que reclaman un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el pasado martes por varios diputados contra jueces y magistrados durante la sesión parlamentaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía.
De esta forma, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, accedió a lo solicitado por los otros nueve vocales que, junto a él, forman el bloque conservador del CGPJ: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona.
Estos vocales ven necesario que el CGPJ haga un «pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas el 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta», Francina Armengol, conforme indicaron en un escrito.
Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el proceso separatista; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga Tsunami Democràtic, y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el caso Voloh.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de «jueces prevaricadores» y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada ‘morada’ Martina Velarde advirtió sobre una «ofensiva judicial salvaje» contra la futura amnistía apuntando al «sector reaccionario judicial» y, en concreto, a García Castellón.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello habló de «un juez de la AN cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal» en Kitchen, para después referirse directamente a García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.
En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de Bildu Jon Iñarritu no se refirieron a jueces con nombres y apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre «movimientos oscuros» procedentes del ámbito judicial.
Tras ello, la diputada de VOX Pepa Millán pidió a la presidenta de la Cámara Baja que llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que Armengol no atendió, si bien recordó que había pedido a todos los diputados que guardaran «el debido decoro».
Primer pronunciamiento del pleno
En este contexto, los nueve vocales han recordado como precedente la declaración unánime emitida el 19 de enero por la Comisión Permanente, cuando expresó su «rotundo rechazo» a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que eran «contrarias» al «deber de respeto a la independencia judicial», al tiempo que pidió «responsabilidad institucional» para «evitar la utilización política de la Justicia».
Hasta ahora, el pleno sólo se ha pronunciado sobre las acusaciones de guerra judicial contra jueces y magistrados. Primero lo hizo la Comisión Permanente, advirtiendo de que se mantendría «vigilante» si finalmente se creaban las comisiones de investigación parlamentaria para detectar estos supuestos casos y, después, reaccionó su máximo órgano para rechazarlas y avisar a jueces y magistrados de que no están obligados a comparecer en las mismas.
Sobre los ataques de políticos a los togados, ha habido pronunciamientos del CGPJ pero no de su Pleno. Además del citado del pasado enero, Guilarte ya se ha manifestado en varias intervenciones públicas. La última fue el miércoles cuando respondió a las «inaceptables descalificaciones» realizadas el día anterior en el Congreso hacia jueces y magistrados, haciendo un llamamiento institucional a que «dejen en paz» a los miembros del Poder Judicial.
