El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al juez del Tribunal Supremo (TS), que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que impute a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. La petición llega después de que el ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, entregara un acta notarial en la que constata que envió un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales.

En el escrito, el ICAM insta al magistrado Ángel Hurtado a que cite a declarar como investigada a Sánchez Acera, argumentando que es una diligencia «útil, necesaria, pertinente» para la investigación.

El documento señala que, según las declaraciones de Lobato, es esencial tomar declaración a Sánchez Acera, ya que se identifica como la «fuente» en las comunicaciones por WhatsApp relacionadas con el «documento nuclear objeto de las pesquisas de instrucción».