La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, afirmó hace unos meses que el uso de las lenguas regionales en la Cámara Baja «se ha normalizado» y sostuvo que la medida perdurará en el tiempo aunque el Partido Popular llegue a La Moncloa.
La dirigente socialista defendió que el uso de las lenguas regionales en el Congreso garantiza el «derecho lingüístico» de los diputados a defender sus ideas como las sienten y las piensan: «Me pasa a mí misma, que pienso y siento en catalán y valoro enormemente que en la casa de nuestra democracia se puedan defender ideas en mi lengua».
El Congreso dio en enero un paso más en el uso de las lenguas y ya permite registrar iniciativas sin necesidad de adjuntar la versión en español. El reconocimiento del uso del catalán, el gallego y el euskera en el Congreso fue una de las condiciones que impusieron ERC y Junts para apoyar a Armengol en la Presidencia del Congreso en agosto de 2023, lo que dio a PSOE y Sumar la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja.
A partir de ahí, se autorizó el uso en las sesiones plenarias y después en las comisiones, lo que conllevó inversiones en medios técnicos y para la contratación de traductores. La promesa se saldó con un desembolso de casi 2,4 millones de euros desde septiembre del año 2023 (hasta enero), según su portal de transparencia.
VOX recuerda que el español es la lengua común y propia de todos los españoles «y todos tenemos el derecho y el deber de conocerla» y señala que «se ha llegado al absurdo de estar gastando 6.250 euros al día para traducir lenguas regionales en las comisiones parlamentarias del Congreso». En este sentido, denuncia que «las constantes cesiones del bipartidismo al separatismo durante décadas y el desarrollo del fallido modelo autonómico han permitido el arrinconamiento institucional del español».
