El grupo parlamentario VOX ha organizado este viernes las jornadas «Defensa del español. Una ley nacional para la libertad lingüística», un encuentro en el Congreso de los Diputados en el que han participado alumnos y profesores, y en el que se ha denunciado la persecución al español en algunas regiones de España.
Al término del acto, se ha leído un manifiesto que señala que «el español es la máxima expresión de la inmensa riqueza cultural de España, que a lo largo de los siglos ha conformado la mayor gesta civilizatoria y de hermandad de la historia que es la Hispanidad».
«El español es la lengua común y propia de todos los españoles y todos tenemos el derecho y el deber de conocerla. Además, gracias a la enorme riqueza y pluralidad cultural de nuestra nación existen junto a la lengua común diversas lenguas que también son propias en algunas regiones (…). Lo que es una enorme riqueza y patrimonio de todos los españoles ha sido retorcido por el separatismo con el único objetivo de dividirnos y enfrentarnos (…). Se ha llegado al absurdo de estar gastando 6.250 euros al día para traducir lenguas regionales en las comisiones parlamentarias de este Congreso«, recoge el manifiesto, leído por Jorge Campos, diputado de VOX por Baleares.
Así, señala que «las constantes cesiones del bipartidismo al separatismo durante décadas y el desarrollo del fallido modelo autonómico han permitido el arrinconamiento institucional del español en algunas regiones». «No vamos a permitir que se siga persiguiendo y marginando la lengua común de todos los españoles y mucho menos que sean las propias administraciones públicas las que lo promuevan. Es absolutamente necesario poner fin de inmediato a toda normativa nacional, regional, provincial o municipal que atente contra la libertad lingüística y pretenda perseguir al español en cualquier ámbito ya sea educativo, sanitario, económico, profesional, político o social».
En este sentido, señala que «el uso de la lengua regional nunca podrá ser requisito imprescindible para la recepción de ayudas públicas por parte de empresas, profesionales y particulares», y llama a asegurar la libertad lingüística en los medios de comunicación social, escritos y audiovisuales. Y propone como solución «para garantizar la unidad, la convivencia y la libertad» una ley nacional para la libertad lingüística del español.
