«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
El juez apunta a una estructura organizada y liderada por el expresidente

Las claves del caso Plus Ultra que han llevado a la imputación de Zapatero

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de una presunta organización criminal dedicada a influir en decisiones de la Administración a cambio de pagos y favores económicos, con el rescate de la aerolínea Plus Ultra como principal eje de la investigación. La resolución judicial describe una estructura organizada en distintos niveles, con sociedades instrumentales, contratos internacionales y movimientos económicos que, según el instructor, buscaban ocultar el origen y destino del dinero.

El magistrado ha citado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Se trata de una decisión inédita en la democracia española respecto a un expresidente del Gobierno.

Una estructura con tres niveles y Zapatero como «núcleo decisor»

La resolución judicial sostiene que Zapatero ejercía funciones de «dirección y control» dentro de la trama. Según el juez, seleccionaba clientes, daba instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y diseñaba estrategias para desvincularse formalmente de las operaciones más comprometidas.

El segundo nivel de la estructura estaría integrado por Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Aarón Fajardo, al que el empresario Víctor de Aldama definió como «la pieza de ZP en Venezuela». Ambos actuaban, según el instructor, como interlocutores directos con los clientes y hombres de confianza del expresidente.

En un tercer escalón aparecen María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, y Cristóbal Cano, colaborador de Julio Martínez, encargados de la gestión diaria de la operativa.

Plus Ultra, pagos cruzados y la consultora de las hijas de Zapatero

Uno de los elementos centrales de la investigación son los movimientos económicos entre empresas vinculadas a la trama. El juez sostiene que Zapatero percibió 490.780 euros de la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez y financiada principalmente por Plus Ultra.

Esa misma mercantil abonó además 239.755 euros a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente. La UDEF considera que existía una red de pagos y sociedades instrumentales destinada a canalizar fondos y dar apariencia legal a las operaciones.

La investigación también apunta a sociedades como Caletón Consultores y Sumer Wind, utilizadas presuntamente para triangular pagos y ocultar el destino real del dinero mediante testaferros y estructuras opacas.

Conversaciones intervenidas y presión sobre la SEPI

La resolución recoge conversaciones intervenidas en las que los investigados mencionan directamente la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra. En septiembre de 2020, uno de ellos afirmaba: «No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien de la SEPI». Meses después, en enero de 2021, otro mensaje señalaba: «Mañana Zapatero interviene directamente«.

El instructor considera «determinante» la participación del expresidente en los momentos clave del procedimiento administrativo que acabó con la concesión de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea.

Venezuela, Dubái y una sociedad off-shore ligada al rescate

La investigación judicial también apunta a operaciones internacionales vinculadas a Venezuela y Dubái. Según el juez, siguiendo instrucciones de Zapatero se creó la sociedad off-shore Landside Dubai Fzco, participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años.

Además, el magistrado destaca que Idella firmó con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate aprobado por el Gobierno, equivalente a 530.000 euros. Para Calama, esa estructura societaria podría haberse utilizado para canalizar el cobro derivado de la operación.

La resolución sostiene que la trama desplegó dos líneas de influencia paralelas: una a través del entonces ministro José Luis Ábalos y otra mediante Zapatero. Sin embargo, el juez concluye que la vía del expresidente terminó adquiriendo un «papel predominante» dentro de la operación.

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