El Congreso de los Diputados entra de nuevo en una fase de práctica inactividad en lo que ya se perfila como la legislatura más improductiva de los últimos años. En las próximas siete semanas, la Cámara Baja sólo celebrará tres plenos, con más semanas sin actividad parlamentaria que con ella.
El calendario refleja una ralentización evidente. Esta semana no hay pleno por la Semana Santa. La siguiente tampoco. Sólo habrá sesiones las tres últimas semanas de abril y, después, el Congreso volverá a parar dos semanas más, una por la dinámica habitual de inicio de mes y otra por la celebración de elecciones en Andalucía.
Este parón no es puntual, sino que consolida una tendencia de fondo. La legislatura avanza con una producción legislativa mínima, sin Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y medio y con buena parte de las iniciativas del Gobierno encalladas en la Cámara.
La consecuencia directa es la reducción del control parlamentario. Sin plenos, desaparecen también las sesiones de control al Ejecutivo, lo que limita la capacidad de la oposición para fiscalizar al Gobierno de Pedro Sánchez. A ello se suma la creciente ausencia de ministros incluso cuando sí se celebran estas sesiones, con episodios recientes que han alimentado la crítica parlamentaria.
El parón legislativo está estrechamente ligado al bloqueo político que arrastra la legislatura desde octubre. El Gobierno apenas logra sacar adelante iniciativas sin el respaldo de Carles Puigdemont, lo que ha convertido a Junts en un actor decisivo.
La portavoz del grupo, Míriam Nogueras, ha reivindicado abiertamente esa posición, al atribuir a su formación la aprobación de medidas clave en los últimos meses. Entre ellas, la ley contra la multirreincidencia o cambios fiscales favorables a determinados colectivos.
Este equilibrio de fuerzas deja al Ejecutivo con un margen de maniobra muy limitado. Cada iniciativa depende de negociaciones caso a caso, lo que ralentiza aún más la actividad parlamentaria y explica el atasco de proyectos.
El resultado es un Congreso con una larga lista de leyes pendientes. Siguen sin avanzar la Ley de Familias, impulsada en su día por Ione Belarra y retomada por Pablo Bustinduy, así como la Ley de Información Clasificada o la reforma judicial planteada por Félix Bolaños.
También permanecen encalladas otras normas relevantes como la Ley de Industria, la regulación de los lobbies o la protección de menores en entornos digitales. El patrón es común: falta de apoyos suficientes en una Cámara fragmentada.
El único momento de mayor intensidad política llegará a finales de abril. El día 30, el Congreso votará la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres, una medida impulsada por Sumar que ya nace con dificultades.
Sin el respaldo garantizado de Junts y con la oposición en contra, el Gobierno afronta el riesgo de una nueva derrota parlamentaria. La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha apuntado a posibles avances en la negociación, pero el desenlace sigue abierto.
El escenario confirma una legislatura marcada por la intermitencia parlamentaria, el bloqueo político y la dependencia de acuerdos puntuales. El Congreso, lejos de ejercer una actividad constante, alterna periodos de inactividad con votaciones condicionadas, en un contexto de debilidad estructural del Ejecutivo.
