La situación en Moncloa continúa complicándose y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha añadido una nueva polémica a la lista de las ya conocidas y por las que se la investiga en un juzgado de Madrid. La Presidencia del Gobierno ha recibido un ultimátum de diez días por parte del Consejo de Transparencia para que publique los detalles de los viajes realizados por la esposa del presidente en aviones Falcon.
El requerimiento de Transparencia exige la entrega de información específica a la persona que presentó la solicitud, incluyendo un listado de los desplazamientos aéreos de Gómez, tanto acompañando a Pedro Sánchez como de manera independiente. Se solicita que se detallen los medios de transporte utilizados, los destinos de los viajes, las escalas realizadas y los motivos de cada desplazamiento. Además, el requerimiento incluye aquellos viajes que no se realizaron en aviones oficiales del Ejército, lo que podría revelar más sobre los movimientos de Gómez.
La respuesta del Gobierno a esta cuestión ha sido de absoluto silencio, una estrategia que ha generado nuevas críticas por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo ha subrayado que la falta de respuesta no puede anular el derecho constitucional de acceso a la información pública, derecho que ampara la solicitud presentada a la que ha tenido acceso Vozpópuli. De hecho, si Moncloa no cumple con el plazo de diez días impuesto para la entrega de la información, podrían enfrentarse a acciones judiciales y a la posible suspensión cautelar de la resolución. En última instancia, si el Gobierno no proporciona la información solicitada, será el tribunal quien obligue a Pedro Sánchez a explicar los desplazamientos de su esposa, lo que podría derivar en consecuencias legales.
Por otro lado, fuentes del ámbito jurídico han confirmado que la resolución del Consejo de Transparencia tiene carácter vinculante, lo que obliga al Gobierno a cumplir con los plazos establecidos. Si la Presidencia decide no recurrir y tampoco facilita la información requerida, se abriría la vía judicial para que Sánchez rinda cuentas ante la ley sobre los viajes de Gómez. Además, el incumplimiento de esta resolución podría derivar en responsabilidades legales adicionales, incluso de carácter penal.
