El renovado Tribunal Constitucional, conformado acorde a los intereses de Pedro Sánchez, se dispone a minimizar la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en 2019 y ratificada por el Supremo en 2022 sobre el caso de los ERE de Andalucía, tal y como ha adelantado el diario El Debate. Esta sentencia determinó que la Junta de Andalucía, bajo administración socialista, había implementado un «sistema fraudulento» con 680 millones de euros destinados a desempleados, los cuales se distribuyeron a empresas en crisis entre 2000 y 2009 sin seguir los mecanismos de control establecidos, incluyendo delitos de malversación.
En 2012, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta de la Corte de Garantías, recibió la Medalla de Andalucía durante el mandato de Griñán. Ahora, Montalbán ha presentado dos propuestas que buscan reducir el desvío de fondos públicos y exonerar a los condenados por prevaricación, delito que implica tomar decisiones injustas con pleno conocimiento de su injusticia. La semana pasada, el TC, con el voto a favor de los siete magistrados propuestos por el PSOE, adoptó una decisión favorable a Magdalena Álvarez. Según Montalbán, no se puede cometer prevaricación al aprobar una Ley de Presupuestos, incluso si incluye partidas fraudulentas disfrazadas de ayudas a empresas en crisis, ya que no es considerado un «acto administrativo».
Esta doctrina novedosa y controvertida fue utilizada específicamente para admitir el recurso de Álvarez, pero ya se ha señalado que sienta un precedente que podría aplicarse a futuras resoluciones relacionadas con el caso, incluyendo las impugnaciones de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos fueron condenados por prevaricación, con penas de inhabilitación de nueve y quince años respectivamente.
En la misma línea, este lunes se supo que la segunda propuesta de Montalbán sobre el caso de los ERE, que será debatida en el Pleno del próximo 2 de julio, buscará exonerar a Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera de Griñán, del delito de malversación. Esta nueva sentencia también se espera que sea respaldada por los siete magistrados alineados con el bloque izquierdista del Tribunal Constitucional, todos ellos designados por el PSOE y entre los cuales se encuentra la propia Montalbán, premiada por la misma administración autonómica de la recurrente.
Dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con cuatro exconsejeros, entre ellos Magdalena Álvarez, y dos exviceconsejeros, como Carmen Martínez Aguayo, fueron condenados a penas de hasta seis años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación y malversación. Otros altos cargos, incluidos dos exdirectores generales, también fueron sentenciados.
Las decisiones recientes del TC, en especial bajo la influencia de Montalbán, apuntan a una revisión significativa de estas condenas, generando gran polémica y debate sobre la independencia judicial y la influencia política en el sistema judicial español.
