Entre los casi 18.000 expedientes revisados en el Consulado de España en Buenos Aires en los últimos días por la aplicación de la denominada ‘ley de nietos‘, no hay ninguno que tenga alguna prueba de exilio político para la concesión de la nacionalidad española.

Así, los beneficiados por la disposición octava de la ley de Memoria Democrática aprobada a toda prisa por el Gobierno de Pedro Sánchez no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si el Tribunal Supremo mantiene las cautelares tal y como están fijadas a día de hoy, informa TO.

En los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya se advirtió la pasada semana que solo 91 de los 31.390 expedientes revisados hasta el pasado 21 de octubre por el Gobierno de personas nacionalizadas gracias a la denominada ‘ley de nietos‘ habían obtenido el certificado que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para poder votar.

La Administración había examinado hasta ese momento casi una quinta parte de los 163.020 casos afectados por las medidas cautelares del Supremo, pero únicamente ha expedido 91 certificados, lo que representa apenas el 0,29% de los expedientes revisados. Se trataba de una cifra provisional que no implica que el resto de afectados no pueda acreditar posteriormente el cumplimiento de los requisitos, pero el caso de Buenos Aires denota que el citado porcentaje apenas se moverá.

Hay que subrayar que ningún consulado estaba obligado a pedir pruebas de exilio a los demandantes de la nacionalidad española por la ‘ley de nietos’. Ello se debe a que la instrucción del Ministerio de Justicia que redactó Sofía Puente no lo exigía.