El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, como el origen de una investigación interna contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que trabajaban en las pesquisas judiciales sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Así lo ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mediante un escrito al que ha tenido acceso La Razón, en el que reconoce que ambos responsables políticos realizaron llamadas relacionadas con las presuntas filtraciones de información procedente de la unidad investigadora.

La respuesta del alto mando se produce después de que Pedraz reclamara explicaciones sobre los expedientes abiertos contra miembros de la Policía Judicial, en el marco de las diligencias que investigan las presuntas maniobras de la trama vinculada a Leire Díez para interferir en procedimientos que afectan al entorno de Pedro Sánchez. El magistrado trata de determinar si aquellas actuaciones disciplinarias respondían a irregularidades reales o si pudieron utilizarse como instrumento de presión contra los agentes encargados de las investigaciones.

En su comunicación judicial, Llamas sitúa a Mercedes González en el inicio de una de estas actuaciones. Según explica, la directora de la Guardia Civil y el ministro del Interior contactaron telefónicamente con él para trasladarle su preocupación por la difusión de información personal de terceros que figuraba en una investigación desarrollada por la UCO en un juzgado de Badajoz. Entre los datos divulgados se encontraba una dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, incluida en documentación relacionada con las comunicaciones intervenidas a David Sánchez.

El DAO también ha admitido que informó personalmente a Mercedes González sobre las conclusiones de una de las investigaciones reservadas. Asegura que consideró «necesario y oportuno» poner los resultados en su conocimiento, dado que la propia directora general había intervenido en el origen de las actuaciones. Su explicación adquiere especial relevancia porque González también figura como investigada en el procedimiento que instruye Pedraz, donde se examinan sus contactos con personas relacionadas con las presuntas operaciones de Leire Díez.

Además, el teniente general ha precisado que otra investigación interna, identificada como IR 1/25, fue promovida por orden de la propia Mercedes González. Por este motivo, sostiene que no resultaba necesario comunicarle formalmente su apertura, puesto que ya conocía la decisión al haberla adoptado ella misma. No obstante, Llamas ha distinguido este expediente de otras tres actuaciones reservadas iniciadas en diferentes unidades de la Guardia Civil, en las que asegura que la directora no intervino.

El escrito llega después de la declaración prestada por Llamas el pasado 16 de julio en calidad de investigado. Durante aquella comparecencia, negó haber pedido a los responsables de la UCO que se mantuvieran al margen de los procedimientos judiciales de repercusión política y atribuyó las acusaciones dirigidas contra él a sus desencuentros personales con algunos mandos de la unidad. Posteriormente, aportó conversaciones de WhatsApp con el general Alfonso López Malo para justificar las medidas adoptadas ante otras filtraciones, entre ellas las relacionadas con mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

La documentación remitida ahora a la Audiencia Nacional incorpora así nuevos detalles sobre la intervención de la cúpula del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil en el origen de estas actuaciones administrativas. La investigación judicial deberá esclarecer si los expedientes respondieron a la protección de información confidencial o si existió alguna intención de obstaculizar el trabajo de los investigadores. Por el momento, las llamadas reconocidas por Llamas no acreditan por sí solas que Marlaska o González ordenaran represalias contra los agentes de la UCO.