El decreto ómnibus tumbado por PP, VOX y Junts en el Congreso incluía medidas para censurar a la prensa crítica bajo el pretexto de mejorar la calidad del debate público. Esta normativa, que decayó este miércoles en el Congreso, otorgaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un papel central como «coordinador de servicios digitales», con amplias facultades para inspeccionar plataformas online y exigirles información confidencial, como los algoritmos y los criterios que emplean para recomendar contenidos a sus usuarios, según avanza OkDiario.
El Gobierno justificó esta medida, incluida en el autodenominado Plan de Acción por la Democracia, como una herramienta «para promover la transparencia en las redes sociales y plataformas digitales de gran tamaño», tales como Twitter, YouTube, Google o TikTok. Sin embargo, desde la oposición se denuncia que estas disposiciones buscan realmente acallar a medios incómodos que han publicado información sensible sobre el entorno personal y político del presidente del Gobierno.
De acuerdo con el texto del decreto, la CNMC podría acceder a las oficinas, instalaciones y sistemas informáticos de las plataformas digitales, obligando a los responsables a revelar sus algoritmos, su organización interna, sus bases de datos y su conducta empresarial. Además, las plataformas tendrían que proporcionar explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de estos sistemas, e incluso permitir a los inspectores documentar dichas explicaciones. Estas atribuciones están respaldadas por el Reglamento Europeo 2022/2065, conocido como Ley de Servicios Digitales, que establece nuevas reglas para aumentar la transparencia en las plataformas de gran tamaño.
La Ley de Servicios Digitales, aprobada en la Unión Europea, obliga a las plataformas a ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar o desactivar los algoritmos que determinan la visibilidad de los contenidos. Además, las empresas deben proporcionar información detallada sobre el diseño y funcionamiento de sus sistemas a las autoridades y, en ciertos casos, a inspectores independientes. Aunque la norma comunitaria tiene como objetivo garantizar la transparencia, su implementación a nivel nacional ha generado polémica por el posible uso político de estas disposiciones.
Mientras tanto, cabe destacar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado una postura firme contra lo que denomina los «tecnobillonarios» que, en su opinión, están «envenenando» el debate público. En este sentido, ha señalado directamente a Elon Musk, CEO de la red social X (antes Twitter), como uno de los responsables de fomentar una convivencia tóxica a través de las redes sociales. Sánchez ha convertido esta lucha contra los algoritmos de las grandes plataformas en una de sus banderas políticas más recientes.