Un tercio de los niños (32,4%) que nacen en España son de padre (o madre) nacido en el extranjero, aunque en algunos municipios y/o regiones el porcentaje es muy superior, según una investigación del Observatorio Demográfico del CEU.
En Cataluña, por ejemplo, casi cuatro de cada diez niños (39,4%) que vienen al mundo tiene padre o madre extranjero, una proporción que se sitúa en el 37,3% en Baleares. En Madrid, por su parte, es el 33,3%. Hay localidades catalanas en las que más de tres de cada cuatro niños que nacen tienen al menos un progenitor extranjero (es el caso de Salt, en Gerona, con el 75,7%).
Mientras, los partidos del consenso bipartidista (PP y PSOE) y el separatismo alientan el «efecto llamada». El pasado mes de enero se supo que el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) iba a destinar 19 millones de euros al programa Acol para la contratación de más de 600 inmigrantes ilegales. El objetivo de Acol es fomentar la contratación de inmigrantes ilegales «que cumplen los requisitos para tramitar un arraigo social», según aseveró el Departamento de Trabajo de la Generalidad en un comunicado.
A la vez, el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona en las elecciones del próximo 28 de mayo, Daniel Sirera, señaló a principios de este mes de mayo en un foro de Taula Tercer Sector, una entidad que aglutina a más de 30 federaciones que representan a más de 3.000 entidades sociales no lucrativas en Cataluña, que son partidarios de «empadronar» a todos los inmigrantes ilegales. «Somos partidarios de empadronar a todas las personas que lleguen y no tengan papeles. No se puede incumplir la ley, es una obligación legal, pero también moral y ética. Sin empadronamiento no tienes acceso a derechos ni a las políticas sociales municipales», señaló el candidato popular.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina más de cuatro millones de euros a la acogida de 26 menas durante los dos próximos años. Y en las ayudas al alquiler en la región en 2021 abundan nombres como «Mohamed» (61) por encima de «José» (34), «David» (7) o «Antonio» (15) —incluidos nombres compuestos—. Al mismo tiempo, para un joven comprar una vivienda en Madrid resulta prácticamente imposible. La compraventa cayó un 15,3% en marzo en comparación con el mismo mes de 2022.
Ante esta deriva, VOX recuerda que la inmigración ilegal afecta de forma negativa a los salarios de los trabajadores, fomenta el tráfico de seres humanos, provoca problemas de inseguridad y de convivencia en los barrios, y desdibuja la identidad de las naciones.
Por ello, en su Agenda España sostiene que «los inmigrantes ilegales no pueden empadronarse ni adquirir con ellos los beneficios y las ayudas correspondientes». «Cualquier persona que entre irregularmente en nuestro territorio debe saber que nunca podrá regularizar su situación en España», afirma. En este sentido, aboga por suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y por «revocar las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española».
