Más de medio millón de extranjeros trabajan actualmente en España de forma ilegal, al margen de la Seguridad Social. Según estimaciones de Fedea y BBVA Research citadas por Vozpópuli, el número de extracomunitarios ocupados que no figuran como afiliados se ha duplicado en apenas tres años, pasando de los niveles de 2021 a un máximo de 592.616 personas a comienzos de 2024, cifra que se mantiene estable.

El dato confirma el fuerte crecimiento de la economía sumergida asociada al actual modelo migratorio español, basado en entradas sin autorización plena, inserción inicial en el mercado informal y posterior regularización por arraigo.

En términos relativos, uno de cada cuatro ocupados con nacionalidad exclusivamente extracomunitaria trabaja en situación ilegal, lo que equivale a una tasa del 25%. Si se incluyen también los trabajadores con doble nacionalidad, el porcentaje baja al 17%, pero el volumen sigue siendo elevado.

Las estimaciones son coherentes con los cálculos de Funcas, que cifran en 840.000 los residentes no comunitarios en situación ilegal en España. Mientras esa cifra incluye a toda la población sin autorización, los datos de Fedea y BBVA se centran en quienes ya están trabajando sin cotizar.

La ilegalidad se concentra especialmente en nacionalidades iberoamericanas. Entre trabajadores procedentes de Centro y Sudamérica, la tasa alcanza el 21%. Por sectores, destacan el empleo doméstico (27%), hostelería (19%), manufacturas (17%) y construcción (16%), ámbitos con salarios bajos, elevada temporalidad y mayor vulnerabilidad laboral.

España es la gran economía de la Unión Europea donde más ha crecido desde 2017 la población con nacionalidades no comunitarias, con un aumento del 91% en ocho años. Actualmente residen en el país casi cinco millones de personas con nacionalidad extracomunitaria, 2,5 millones de ellas de origen americano.