El empresario Alejandro Hamlyn, detenido la semana pasada en Abu Dabi y reclamado por la Justicia española por su presunta implicación en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, ha trasladado a personas de su entorno que está dispuesto a revelar información sobre la financiación del PNV si finalmente es extraditado a España y enviado a prisión. Según fuentes próximas al empresario citadas por The Objective, Hamlyn sostiene que conoce detalles sobre «cómo se ha financiado el PNV», aunque hasta el momento no existe ninguna prueba pública que acredite una financiación ilegal del partido nacionalista.

La advertencia se produce mientras Emiratos Árabes Unidos tramita su posible entrega a España, un procedimiento que podría prolongarse alrededor de cuarenta días. Hamlyn, nacido en Getxo y con una larga trayectoria empresarial en el País Vasco, llevaba más de un año fuera de España y estaba considerado prófugo por las autoridades españolas. Su detención, sin embargo, se habría producido de manera indirecta: las autoridades emiratíes arrestaron inicialmente a un ciudadano de origen asiático por un asunto relacionado con estupefacientes y este habría señalado al empresario como supuesto proveedor. Al comprobar su identidad en las bases internacionales apareció la alerta existente contra él.

La Justicia española sitúa a Hamlyn en el centro de varias investigaciones. La principal está relacionada con la denominada Operación Drake, que investiga un supuesto fraude de aproximadamente 154 millones de euros de IVA mediante empresas dedicadas al negocio de los hidrocarburos. A esta causa se añaden pesquisas por presunto blanqueo de capitales y organización criminal. Según las fuentes citadas por el mismo medio, las autoridades también habrían detectado conexiones con una investigación sobre movimientos de dinero a través de cuentas bancarias estadounidenses.

Su relación con la Hacienda Foral de Vizcaya constituye ahora uno de los elementos que vuelve a cobrar relevancia tras las afirmaciones atribuidas a Hamlyn. Varias sociedades administradas por el empresario consiguieron entre finales de 2023 y comienzos de 2024 aplazar obligaciones fiscales por cantidades que, según documentación publicada por The Objective, alcanzaban conjuntamente los 225 millones de euros. Los acuerdos permitían extender determinados pagos hasta 2030 pese a que parte del entramado empresarial ya se encontraba bajo investigación judicial.

Entre las compañías beneficiadas figuraban DBA Bilbao Port SL, Hamlyn Participaciones SL, Hafesa Distribución Oil Siglo XXI SL y Hafesa Suministro de Hidrocarburos, todas ellas administradas por Hamlyn. Los expedientes incluían cantidades correspondientes tanto al IVA como al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y establecían diferentes calendarios de devolución. La propia compañía reconoció entonces la existencia de los aplazamientos, aunque sostuvo que la deuda pendiente en aquel momento rondaba los 140 millones de euros.

La concesión de esas facilidades fiscales provocó polémica precisamente porque la Diputación Foral de Vizcaya estaba gobernada por el PNV y porque las sociedades de Hamlyn se encontraban bajo el foco de la Justicia. Expertos fiscales consultados consideraron inusual que se permitieran aplazamientos de semejante volumen dentro del sector de los hidrocarburos. No obstante, estos antecedentes no demuestran por sí mismos la existencia de una relación ilícita entre Hamlyn y el partido ni existe actualmente prueba pública que permita atribuir al PNV un delito de financiación ilegal.

Además del procedimiento relacionado con los hidrocarburos, Hamlyn figura en otra investigación de la Audiencia Nacional por la presunta obtención irregular de información policial. Asuntos Internos investiga si el agente Javier Luis Muñoz Morales habría realizado consultas en bases de datos reservadas sobre personas y empresas para posteriormente facilitar esa información a personas vinculadas a Hafesa. Las pesquisas apuntan a supuestos pagos de unos 4.250 euros mensuales, presuntamente canalizados a través de la mujer del policía. La causa aborda posibles delitos de revelación de secretos, falsedad documental y cohecho activo.

La situación judicial del empresario también quedó relacionada en 2025 con Leire Díez, entonces militante socialista. Ambos mantuvieron en febrero de aquel año una reunión que fue grabada y en la que Díez buscaba obtener información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO). Durante aquella conversación pronunció la frase «Necesito a Balas», mientras Hamlyn aprovechó el encuentro para abordar sus propios problemas judiciales.

Ahora, con Hamlyn detenido y pendiente de una eventual extradición, su entorno asegura que el empresario está dispuesto a aportar información sobre cuestiones que hasta ahora no había hecho públicas. Entre ellas coloca expresamente la financiación del Partido Nacionalista Vasco. Por el momento se trata únicamente de una afirmación atribuida al propio empresario a través de personas próximas a él: no se conoce qué documentación podría respaldarla, qué hechos concretos asegura conocer ni si finalmente trasladará esa información ante un juez en caso de regresar a España.