El pasado 29 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se propone el nombramiento de don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso como Magistrados del Tribunal Constitucional. De este modo, el Gobierno de España abría un nuevo capítulo –el enésimo desde el comienzo de la legislatura– en el burdo asalto de las instituciones del Estado.
La propuesta como Magistrado de alguien que hasta hace año y medio ha sido ministro del mismo Gobierno que ahora propone su nombramiento, generó indignación dentro del Tribunal Constitucional porque algunos magistrados consideran que la elección perjudicaría notablemente la imagen de la institución.
Además, cabe recordar que el candidato propuesto es la misma persona que firmó los indultos a los responsables políticos condenados por el Tribunal Supremo por, entre otros, el delito de sedición, por los hechos perpetrados en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.
La propuesta de los dos magistrados del Tribunal Constitucional se enmarca dentro de las que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde hacer al Gobierno. Es preciso recordar que, de los doce Magistrados del Tribunal Constitucional, dos de ellos son nombrados a propuesta del CGPJ y otros dos, lo son a propuesta del Gobierno. Y que, de acuerdo con el art. 159.3 CE, la renovación del tribunal debe hacer por terceras partes (por lo tanto, procedería la renovación de cuatro magistrados).
Hay que contextualizar la propuesta aprobada hace unos días y remontarse a más de un año vista, cuando, a propuesta del PSOE y Unidas Podemos, el 29 de marzo de 2021 las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 4/2021, que introdujo el artículo 570bis en la LOPJ. Esta LO levantó polémica porque cercenaba al CGPJ en funciones (por causa de los principales partidos políticos de este país) muchas de las competencias que le corresponden. Entre las competencias que el CGPJ no podía llevar a cabo, pese a su reconocimiento en la Constitución española (art. 159), se encontraba, precisamente, la de proponer dos magistrados del Tribunal Constitucional.
De este modo, inconscientemente, el Gobierno estaba impidiendo la renovación de una tercera parte de los magistrados del TC.
Y, como el objetivo último era –y es– el control del Tribunal Constitucional para impedir pronunciamientos incómodos para la agenda política de este Gobierno, un año después, de nuevo, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, modificaba el artículo 570bis en el único sentido de habilitar al CGPJ para proponer el nombramiento «de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1.1.ª». Es decir que, a partir de la nueva modificación, el CGPJ en funciones sí que podría llevar a cabo tal propuesta. De esta manera, el Gobierno de España pretendía «salvar» el escollo que él mismo había creado, limitando las competencias del CGPJ en funciones, y poder proceder a la renovación de los magistrados del TC.
Como es lógico, el uso torticero de las instituciones del Estado, propició la crítica generalizada de los profesionales –y no profesionales– del sector.
En cualquier caso, al Gobierno todavía le falta un último escollo que salvar, propiciado por la necesaria renovación del Tribunal Constitucional por terceras partes, tal y como exige la Constitución Española. Hay que recordar que, para ello, es preciso que, además de las dos propuestas que le corresponden, también haga lo propio el CGPJ. Sin embargo, este último, absolutamente desmembrado y falto de personal, debido principalmente a la inacción del Gobierno, no quiere –o no puede– entrar en el juego del Gobierno de España y que solo contribuye a la desacreditación de las instituciones españolas.
Por este motivo, el Gobierno en un nuevo capítulo –el enésimo, como se indicaba anteriormente– de uso bananero de los recursos del Estado, pretende ahora introducir una enmienda en la Proposición de Ley que abole el delito de sedición que le habilite para proceder al nombramiento de «sus» magistrados del Tribunal Constitucional.
Con independencia de la inconstitucionalidad de tal previsión, lo que es ya una evidencia es que el Gobierno actúa con una absoluta sensación de impunidad y que todo vale con tal de controlar todos los poderes del Estado con el fin de imponer su agenda política. Y es que no hay institución del Estado que se resista al nombramiento de cargos públicos «a dedo» por parte de este Gobierno. La degradación de las instituciones es tan evidente, tan burda, que ni siquiera se observa el mínimo celo en actuar al amparo de las formas legales.
Habrá que ver, en definitiva, si se materializa el nombramiento de los dos candidatos propuestos por el Gobierno a Magistrados del Tribunal Constitucional, así como confiar en la dignidad y profesionalidad que pueda resultar del resto de Magistrados frente quienes pretenden el asalto de todas las instituciones del Estado.
