El presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, participó en la organización de una operación para facilitar la entrada de una multinacional minera en los yacimientos de oro del Arco Minero del Orinoco, en Venezuela. Según la investigación policial avanzada por The Objective, Martínez coordinó junto al empresario venezolano Domingo Amaro Chacón los preparativos de un viaje técnico destinado a explorar la explotación de varias minas, una iniciativa que, de acuerdo con la documentación analizada por la UDEF, se desarrollaba bajo «el paraguas de Su Excelencia», una expresión que los investigadores consideran que podría aludir a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
La empresa con la que mantuvieron contactos fue In2Metals, una compañía especializada en minería con sede en Emiratos Árabes Unidos y propiedad del empresario egipcio Naguib Sawiris, una de las mayores fortunas del continente africano y una de las figuras más relevantes del sector aurífero a nivel internacional. La investigación sostiene que la red empresarial vinculada a Zapatero habría actuado como intermediaria entre el régimen venezolano y la compañía extranjera para impulsar un acuerdo sobre la explotación de los yacimientos.
Los investigadores sitúan el origen de estas gestiones en mayo de 2023, pocos meses después del estallido del escándalo conocido como «PDVSA-Cripto». Ese caso provocó la salida del entonces ministro Tareck El Aissami, considerado una pieza clave en la estructura que gestionaba la comercialización internacional del petróleo y del oro venezolanos pese a las sanciones internacionales. Según la UDEF, fue precisamente tras la caída de esa red cuando comenzaron los movimientos detectados entre Julio Martínez, los hermanos Amaro Chacón e In2Metals.
Las conversaciones intervenidas reflejan la preparación de un desplazamiento a Guasipati, una de las principales zonas mineras del estado Bolívar, donde un equipo técnico ya se encontraba sobre el terreno organizando la llegada de ingenieros y consultores internacionales. En los mensajes se solicita además un enlace directo con responsables de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), al considerar imprescindible coordinar la visita con las autoridades mineras antes de la llegada de la delegación extranjera.
Los intercambios también muestran la preocupación por los aspectos logísticos del viaje. Los responsables de In2Metals insistían en confirmar con antelación el alojamiento del geólogo enviado por Naguib Sawiris, los vehículos para los desplazamientos y el dispositivo de seguridad que acompañaría a los especialistas durante su estancia en la región minera. Domingo Amaro trasladó esa urgencia a Julio Martínez, advirtiendo de que la visita podía fracasar si todos esos detalles no quedaban resueltos antes de la llegada del equipo internacional.
Entre la documentación analizada por los investigadores figura una propuesta de agenda para la expedición, así como pasaportes y currículums de varios especialistas en minería del oro. Según la información publicada, algunos de ellos son ingenieros y consultores con experiencia internacional en exploración y explotación de yacimientos auríferos.
Durante la visita, los técnicos estudiaron distintos proyectos mineros, entre ellos el denominado «Proyecto Colombia», además de las minas Isidora-Laguna y Sosa Méndez. También inspeccionaron las explotaciones subterráneas y solicitaron información sobre su gestión y producción con el objetivo de valorar la viabilidad de asumir la explotación de estos yacimientos.
La investigación sostiene igualmente que los documentos intercambiados entre los implicados contemplaban la posibilidad de obtener una «licencia privada para comprar amarillo bajo el paraguas de Su Excelencia y M.G.». Los agentes interpretan que «Su Excelencia» podría hacer referencia a Delcy Rodríguez, mientras que las siglas «M.G.» podrían corresponder a Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la hipótesis policial, esa interlocución habría sido posible gracias a los contactos que el entorno empresarial investigado mantenía con la cúpula del Gobierno venezolano.
