El directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero del PP en Madrid Juan José Güemes ha señalado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que no contrató Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno y que el contrato laboral incluyó una cláusula específica para evitar conflictos de intereses.
Fuentes jurídicas presentes en su declaración han señalado que Güemes ha respondido como investigado durante 15 minutos sólo a preguntas de su abogado para aclarar por qué se contrató a Gómez para dirigir el IE África Center y se ha ratificado en lo que ya declaró como testigo en noviembre.
Ésta era la segunda vez que comparecía ante Peinado, toda vez que el pasado 18 de noviembre aseguró en su declaración como testigo que había dado la orden de contratar a Gómez y que la conoció en 2017, antes de que su esposo fuese elegido presidente del Gobierno. En ese momento, al igual que este miércoles, ya negó que se le contratara por estar casada con Pedro Sánchez.
Cabe recordar que el juez suspendió su comparecencia como testigo al considerar que la versión de Güemes entraba en contradicción con lo que declaró en sede judicial la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, semanas antes.
Güemes ha respondido a las diversas preguntas que le ha ido formulado su letrado y, así, ha negado que durante el proceso de negociación de ese contrato con Begoña Gómez, que se materializa en agosto de 2018, ni Sánchez ni personas de su entorno le manifestaran al IE o a él interés alguno por que se llevara a cabo.
Ha sostenido que todas las reuniones que mantuvo con ella para ese contrato tuvieron lugar en sede del IE y nunca en La Moncloa, que fue él y nadie más del IE quien dio la orden de contratarla —«nadie más intervino»—, y que su función en ese proyecto era más de gestión, con tareas de dirección, y que fue asistida por personal del IE.
Por otro lado, ha explicado que la labor de Gómez no fue ni deficiente ni negativa y que el salario que percibió salía de fondos propios de la Fundación IE, que son de naturaleza estrictamente privada. Además, ha relatado que el contrato fue estándar salvo por una cláusula —la quinta— que hacía mención al conflicto de intereses y que prohibía a la empleada tratar con administraciones públicas en España.
