El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’, disponía presuntamente de un catálogo de prostitutas similar al atribuido a otros cargos públicos en tramas recientes, según recoge un auto judicial de más de 300 páginas que pone fin a la instrucción del denominado caso Mediador.

Según publica ABC, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Lorenzo-Cáceres, acuerda la apertura de juicio oral contra el exparlamentario y otras 22 personas por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y estafa, en una causa que describe un entramado donde los favores políticos se intercambiaban por contraprestaciones económicas y en especie.

De acuerdo con la magistrada, el pago de servicios de prostitución por parte de empresarios formaba parte de una «retribución en especie» que recibía el exdiputado por sus gestiones. Estas prácticas se realizaban bajo la intermediación del también investigado Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien actuaba como enlace entre los empresarios y la trama.

El escrito judicial incluye referencias a encuentros en los que Fuentes Curbelo aparecía acompañado de mujeres y con consumo de estupefacientes, en imágenes tomadas en un local próximo al Congreso de los Diputados, utilizado supuestamente como escenario para cerrar acuerdos durante las restricciones de la pandemia.

Uno de los episodios más destacados relata una cena en un reservado de un restaurante de Madrid, abonada por el empresario investigado Maximiliano Poveda, en la que participaron siete mujeres de compañía. Según el sumario, los asistentes solicitaron «un grupo de chicas que sea de lo mejor y que simulen ser misses», con un coste de 300 euros por persona y hora, alcanzando los 2.100 euros por el conjunto del servicio.

La factura total de la velada ascendió a 11.800 euros, incluyendo el consumo de «botellas de champán francés de alta gama» que, según testigos, eran habituales en este tipo de encuentros.

El encargado del establecimiento confirmó ante la juez tanto la presencia de las mujeres como el elevado nivel de gasto. Asimismo, el empresario declaró que «sabía que debía de antemano pagar por obtener el respaldo del diputado Curbelo», reconociendo que estas prácticas formaban parte del procedimiento para lograr trato de favor e información privilegiada.

El auto también sitúa como piezas clave de la trama al sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa. Según la instructora, ambos desempeñaban un papel relevante en la estructura, facilitando contactos y decisiones administrativas.