El exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, ha revelado este lunes en el Tribunal Supremo que para optar a determinados contratos públicos en Navarra era imprescindible aliarse con empresas locales, como Servinabar. Según sus palabras, la fórmula de concurrir en UTE (Unión Temporal de Empresas) con compañías radicadas en la región era una “condición necesaria” para acceder a varias licitaciones.

Esta declaración se produce en el marco de la investigación sobre el llamado ‘caso Cerdán’, que indaga en una supuesta red de adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa, ha identificado a Acciona como el “elemento constante” en una serie de concesiones que están siendo objeto de análisis por su posible conexión con prácticas corruptas.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que la relación entre Fernando Merino y el empresario Antxón Alonso —responsable de Servinabar— con Santos Cerdán y Koldo García se remonta a los años en que todos ellos compartieron actividad política o empresarial en Navarra. Es en ese contexto donde los investigadores sitúan el inicio de las presuntas irregularidades.

Con el paso del tiempo, y tras el ascenso de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes y la entrada de Koldo García como su principal asesor, los vínculos con ambos empresarios se estrecharon aún más. Según el juez Puente, fue entonces cuando se intensificaron los contactos y aumentaron los contratos públicos adjudicados a Acciona, varios de los cuales están actualmente bajo la lupa judicial.

Cinco de esos grandes proyectos, que en conjunto superan los 537 millones de euros en fondos públicos, han centrado la atención del magistrado. Tres de las adjudicaciones provinieron de Adif, bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera, mientras que las otras dos salieron de la Dirección General de Carreteras, entonces dirigida por Javier Herrero. Ambos ex altos cargos están también implicados en el caso.

Entre las obras más relevantes figuran el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158 millones), el tramo del AVE entre Murcia y Almería (121 millones), y una intervención en San Felíu de Llobregat​ (Barcelona) valorada en 51 millones. Según la documentación aportada por la UCO, al menos dos de estos contratos habrían generado pagos de hasta 550.000 euros a José Luis Ábalos, directamente relacionados con Acciona.

Este entramado, que entrelaza altos cargos, empresarios y adjudicaciones millonarias, va tomando forma en el Supremo, donde las comparecencias continúan desvelando los hilos ocultos de una supuesta red de corrupción que se habría consolidado desde Navarra hasta el corazón del Ministerio de Transportes.