Los audios desvelados por Moncloa.com revelaban que Villarejo y Garzón se reunieron «un día antes de que Garzón admitiera a trámite la causa» para «preparar la Gürtel», lo que podría invalidar todo el proceso.
Un juzgado de Madrid investigará al ex juez, ya condenado por prevaricación, Baltasar Garzón en relación a la grabación publicada en Moncloa.com en la que el excomisario José Villarejo presuntamente afirmó que se reunió con el exjuez para «preparar la Gürtel» un día antes de que Este admitiera la causa a trámite.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Esteban Vega, admite a trámite la querella presentada por Pablo Crespo, condenado por el caso Gürtel, al sostener que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de un delito de prevaricación.
Se refiere este auto a la información que publicó el digital, según la cual en una comida celebrada en octubre 2009 Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por usar información policial para trabajos privados, afirmó que un día antes de que Garzón admitiera a trámite la causa se reunió con el exjuez de la Audiencia Nacional y con otros policías para «preparar la Gürtel».
Fraude de ley
En la querella, Miguel Durán, abogado de Crespo, pide la declaración de Villarejo, para quien además solicita especial protección en la cárcel de Estremera (Madrid), donde está ingresado.
Fue el 6 de agosto de 2008, cuando el juez se quedó con este caso tras la denuncia presentada por la Fiscalía dos días antes, al entender que tenía conexión con otra causa que ya investigaba Garzón, la del BBVA-Privanza, ya que en ella figuraba como investigado el abogado Luis de Miguel, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel.
Pero según señala la defensa de Crespo, esta alusión al caso BBVA-Privanza «era un mero fraude de ley para aparentar, o al menos fundamentar, la irrogación para sí del caso Gürtel», en el que tenía interés por «un propósito político muy concreto».
En cuanto a la conversación publicada, recuerda la querella que en la grabación Villarejo relata al comisario Gabriel Fuentes que se habría reunido, un día antes de la admisión a trámite, con Garzón, con Juan Antonio González, entonces comisario general de Información, y con José Luis Olivera Serrano, entonces jefe de la UDEF.
«Lo anterior pone de manifiesto que el querellado se habría irrogado para sí una causa diseñada y preparada extraprocesalmente para que él mismo instruyera», afirma la querella, que tacha esta actuación como una «confabulación» para «teledirigir» la causa.
En el auto el magistrado acuerda dirigirse al CGPJ para que se le informe sobre la situación actual de Garzón -inhabilitado desde 2012- para determinar si es competente para investigar los hechos, así como a la Audiencia Nacional para que se le dé testimonio de las normas de reparto de los juzgados centrales de instrucción en 2008.
Garzón debería preocuparse…
Ya en septiembre de este año, en pleno revuelo mediático por la escandalosa conversación entre Villarejo, el exjuez Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, el director de Moncloa.com, Joaquín Vidal, auguraba problemas para el excomisario:
Moncloa.com: ‘Baltasar Garzón debería preocuparse por los audios que hay de él’
También el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, señalaba la peligrosidad de Garzón para el mundo de la justicia:
Julio Ariza: ‘El juez Garzón es peligroso. Es una anomalía de la justicia’
Y es que el exjuez, expulsado de la judicatura en febrero de 2012, está al frente del despacho de abogados ILOCAD (International Legal Office for Cooperation & Development – Oficina Legal Internacional para la Cooperación y el Desarrollo). Un despacho que, según información de El Confidencial facturó en el ejercicio 2017 5.378.724 euros y suma activos por valor de 4 millones. ¿Haciendo qué?
Según la información del digital, prestando servicios de consultoría, por ejemplo, a clientes de la Banca Privada de Andorra implicados en casos de blanqueo de capitales. “El procedimiento estaba relacionado con la decisión de la justicia del Principado de bloquear los 200 millones de dólares que tenía en la entidad el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, el superministro del Petróleo de Hugo Chávez”.
Pero hay más: El bufete de Garzón participó en la defensa del arrepentido del PP valenciano Ricardo Costa, que decidió confesar y colaborar con la Justicia, estrategia contraria a la que sostenía antes de que el bufete del exjuez que ordenó las escuchas de la Gürtel se ocupara de su defensa. “Un abogado próximo al exmagistrado, Manuel Olle, se sumó a la defensa de Costa antes del inicio la vista oral. Y en pleno juicio, un letrado de Ilocad, el exfiscal Juan Barallat, se sentó entre el público junto a la pareja de Costa”, escribe El Confidencial.
Un extremo que confirma y amplía el periodista Luis Herrero, que señala en su programa en EsRadio que el político popular Francisco Granados -también implicado en la trama Gürtel- decidió cambiar de estrategia y señalar a los líderes del PP “cuando Garzón aparece en escena”.
Sandro Rosell
Garzón ofreció, además, sus servicios legales al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, en prisión desde 2017. Rosell, señala José María Olmo en El Confidencial, “aceptó el ofrecimiento de Garzón y le dejó que asumiera la pieza de situación personal, en la que se dirimen las medidas cautelares de los investigados. Barallat llegó a acudir en junio a la Audiencia Nacional para comunicar que se había sumado a la defensa de Rosell y anticipar que en breve presentaría una nueva solicitud de libertad. Sin embargo, la instructora del caso, la jueza Carmen Lamela, acordó el 29 de junio el procesamiento del exdirigente blaugrana y las gestiones de Garzón quedaron en suspenso”.