El supuesto menor extranjero no acompañado (mena), que fue detenido por la violación de una niña de 14 años junto al centro de Hortaleza (Madrid), no era un adolescente de 17 años como afirmaba, sino un hombre de 23. Así lo han confirmado los resultados de las pruebas médicas realizadas a Mohamed R., ciudadano marroquí, que desmienten la identidad con la que ingresó en el sistema de protección de menores.

Los análisis radiológicos practicados en el Hospital Gregorio Marañón revelaron que la edad biológica más probable del acusado es de 23,2 años, situando incluso la estimación mínima en torno a los 19. El informe forense deja por tanto sin validez la documentación que presentaba, donde figuraba una fecha de nacimiento de diciembre de 2007. De esta forma, el detenido debería haber sido tratado desde el principio como adulto y nunca haber estado acogido en un centro para menores.

La nueva información ha provocado un cambio radical en el curso del procedimiento judicial. La magistrada que llevaba el caso en el Juzgado de Menores ha pedido trasladar la causa a un juzgado ordinario de Instrucción de Madrid. Si la solicitud se acepta, Mohamed R. será procesado conforme al Código Penal para adultos y previsiblemente pasará a un centro penitenciario en los próximos días.

Las dudas sobre su verdadera edad ya se habían planteado meses atrás, cuando ingresó en un centro de menores de la Comunidad de Madrid. En aquel momento, el joven se negó a someterse a las pruebas óseas que determinan la edad, lo que generó sospechas entre los responsables. No fue hasta después de la agresión, cometida el 29 de agosto, cuando la Fiscalía de Menores ordenó los exámenes de carpo, dentición y clavículas que terminaron confirmando el engaño.

El historial policial de Mohamed R. agrava aún más la situación. En los escasos cuatro meses que llevaba en Madrid antes de los hechos, había sido arrestado en ocho ocasiones por delitos como robo con fuerza, hurto, amenazas, riña tumultuaria o agresión a agentes de la autoridad. Pese a ello, siempre había quedado en libertad, al estar protegido por el régimen jurídico de los menores. Su ingreso preventivo llegó únicamente tras su detención por la violación.

El caso ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados (los llamados menas). Fuentes del Ministerio de Inclusión reconocen que en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares hay actualmente unas 40 personas en situación similar, pendientes de pruebas radiológicas para confirmar si su edad declarada es real. Muchas de ellas llegaron a España por vía aérea desde Canarias, alegando ser menores para evitar centros con medidas más estrictas.