Uno de los aspectos más alarmantes en torno a la inmigración ilegal es el manejo de los menores extranjeros no acompañados (menas), un circuito de tutela que, según datos de la Fiscalía General del Estado entre 2019 y 2024, evidencia un colapso estructural.
En estos años… han llegado por vía marítima 22.390 presuntos menas. Las anomalías en su identificación, el predominio abrumador de varones y las deficiencias en pruebas como el ADN revelan un sistema vulnerable a fraudes y sobrecargado, que prioriza la acogida sobre la verificación rigurosa, con costes millonarios para el contribuyente. En total, entre 2019 y 2024, las llegadas marítimas sumaron 22.390 individuos.
Comencemos por las cifras de llegadas. En 2019, arribaron 2.873 presuntos menas en pateras, un descenso del 59% respecto a 2018, pero aún significativo. La cifra subió a 3.307 en 2020, pese a la crisis sanitaria, y se mantuvo alta con 3.048 en 2021, 2.375 en 2022, para dispararse a 4.865 en 2023 y 5.922 en 2024. Estas estadísticas sólo cubren llegadas marítimas: miles más entran clandestinamente por Ceuta, Melilla o vías aéreas, imposibles de cuantificar.
Una anomalía flagrante es la verificación de edad. Entre 2019 y 2024, se incoaron 39.192 diligencias preprocesales para determinar si eran realmente menores. En 2019: 7.745; 2020: 4.981; 2021: 6.677; 2022: 4.805; 2023: 7.422; 2024: 7.562. Para los años con desglose detallado (2021-2024), de 26.466 casos, sólo el 47% (12.464) resultaron ser menores o con posibilidades de serlo; el 30% (7.811) fueron mayores de edad, y el 23% (6.191) se archivaron sin resolución por abandono de centros antes de pruebas. Porcentajes anuales: en 2021, 25% mayores, 49% menores, 27% archivados; 2022: 26% mayores, 45% menores, 29% archivados; 2023: 33% mayores, 44% menores, 24% archivados; 2024: 33% mayores, 51% menores, 17% archivados. Esto significa que, en promedio, uno de cada tres «menores» es adulto, y casi uno de cada cuatro casos se evade sin control, permitiendo potenciales fraudes. En provincias como Almería, Málaga o Canarias, la saturación obliga a pruebas mínimas como radiografías de muñeca, avaladas judicialmente en emergencias, pero criticadas por su imprecisión.
Fraudes novedosos incluyen adultos expulsados previamente que regresan alegando minoría de edad o inmigrantes ilegales que simulan ser menores para agilizar asilo y luego admiten mayoría edad. En Alicante y Canarias se detectan casos donde se alega minoría para obtener pasaporte rápido en centros, distorsionando el sistema. En resumen entre 2021-2024, el 29,5% de las diligencias confirmaron mayoría de edad, el 47,1% minoría, y el 23,4% quedaron archivadas, evidenciando que al menos 7.811 adultos infiltraron el sistema como presuntos menores.
Otro punto crítico es el desequilibrio de género, que cuestiona el perfil real de estos inmigrantes ilegales. Consistentemente, los varones representan entre el 93 y el 97%: 93% en 2019 (2.683 de 2.873), 98% en 2020 (3.228 de 3.307), 96% en 2021 (2.934 de 3.048), 95% en 2022 (2.265 de 2.375), 95% en 2023 (4.627 de 4.865) y 89% en 2024 (5.291 de 5.922). Esta sobrerrepresentación masculina sugiere que muchos no huyen de conflictos familiares o pobreza extrema —donde cabría esperar más equilibrio—, sino que responden a redes migratorias organizadas, que priorizan jóvenes varones en edad militar para ser embarcados con destino a costas españolas. Proceden mayoritariamente de Marruecos (60% en 2019), Malí, Argelia o Senegal, países con registros civiles poco fiables, facilitando manipulaciones documentales vía WhatsApp o correos no verificados. De las 22.390 llegadas marítimas entre 2019 y 2024, el 93.9% fueron varones (21.028) y sólo el 6.1% mujeres (1.362), confirmando un patrón que cuestiona la narrativa de vulnerabilidad infantil equilibrada.
Las pruebas de ADN para menores acompañados revelan más irregularidades. Entre 2019 y 2024, se realizaron 4.450 test a menas que llegaban en embarcaciones junto a sus padres y que en muchos se negaba la filiación paternal para forzar la tutela de sus hijos. El colapso se evidencia en la falta de coordinación y las repatriaciones mínimas. El registro de menas sufre déficits informativos de entes autonómicos y ONG que invocan protección de datos para no compartir datos, facilitando fugas (miles abandonan centros).
