El fiscal europeo Ignacio de Lucas, designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, manipuló un escrito del Ministerio Público para respaldar unos registros que se realizaron en una operación antidroga. El fiscal, hermano de un ex senador del PSOE, alteró las fechas de los documentos relacionados con la operación, lo que puede favorecer a la organización de narcotráfico holandés al permitirles impugnar las pruebas obtenidas.
En el citado caso, la Policía pidió autorización para una serie de entradas y registros en diversos domicilios El juez Santiago Pedraz acordó darle traslado urgente al fiscal para que se pronunciase. Acto seguido, se realizaron esas entradas y registros.
Estas acciones podrían constituir un presunto delito de falsedad documental, con posibles consecuencias legales graves que incluyen pena de prisión de tres a seis años y hasta seis años de inhabilitación para el fiscal responsable de la manipulación.
Además, el fiscal ha sido objeto de críticas por su supuesta falta de transparencia al no permitir que la Fiscalía Anticorrupción examinara minuciosamente el contrato millonario de mascarillas del Ministerio de Salvador Illa con una empresa condenada por estafa.
