García Ortiz ha creado un equipo conjunto de investigación
Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Europa Press
Por LGI
18 de septiembre de 2025
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado a la exministra socialista y actual fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, a investigar las acciones militares israelíes en Gaza, apuntando de forma explícita a posibles «delitos de genocidio y lesa humanidad«.
Según consta en un decreto difundido este jueves, García Ortiz ha creado un equipo conjunto de investigación integrado por Delgado y el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que actuarán colegiadamente y con apoyo del fiscal de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.
La decisión responde a la solicitud elevada por Delgado el 28 de julio tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que contenía testimonios protegidos y pruebas relativas a supuestas acciones contra la población civil en Gaza.
El fiscal general sostiene que los hechos descritos serían «graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario«, y que encajarían en los artículos 607 y siguientes del Código Penal, relativos a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
García Ortiz ha ordenado que las diligencias abiertas se comuniquen tanto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con las que España ya coopera en procedimientos relacionados con Gaza.
Recuerda además que España se adhirió en 2024 a la demanda presentada por Sudáfrica ante la CIJ contra Israel, ejerciendo su derecho como Estado parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, y apoyó las medidas cautelares contra el Estado hebreo.
El decreto cita el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que atribuye jurisdicción a los tribunales españoles sobre delitos cuya persecución se imponga en virtud de tratados internacionales vigentes para España. Asimismo, se apoya en el artículo 96.1 de la Constitución, que integra los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno.