El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno, después de que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general», dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la misiva, García Ortiz afirma que «es un acto debido no sólo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad«, sostiene.

El fiscal entiende que «esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país» ha acordado inhabilitarle, «tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento».

A pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su «convencimiento» de «haber servido fielmente a la institución», «con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».

Además, agradece al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado. «La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo» al renunciar al cargo, subraya.