El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que trece pruebas decisivas —correos filtrados, mensajes borrados, órdenes internas, cambios sospechosos de móvil y documentos confidenciales difundidos a medios— estrechasen el cerco hasta dejarle sin margen de defensa. El Alto Tribunal lo considera autor de un delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia llegó una semana después de cerrar el juicio oral, en el que García Ortiz negó haber trasladado a terceros información bajo custodia de la Fiscalía.
A principios de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la Agencia Tributaria que atribuía a González Amador dos posibles delitos fiscales en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, además de un presunto delito de falsedad documental. El 7 de marzo, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, contactó con la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, para reclamar el expediente con urgencia. En un mensaje escrito el día siguiente dejó constancia del interés de la cúspide de la Fiscalía: “¿Podrías pedirles que nos lo envíen escaneado por las dos caras?”.
Cinco días después, a las 6.01 horas, elDiario.es publicó la primera noticia sobre el supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso. La UCO determinó que aquel artículo incluía fragmentos idénticos a los documentos que la Fiscalía Provincial había enviado a Villafañe. Rodríguez, inquieta por la coincidencia, intercambió varios mensajes durante la jornada y confirmó al día siguiente que había remitido “todo” el material al número dos de la Fiscalía General.
El 13 de marzo a las 21.29 horas, EL MUNDO publicó una exclusiva: la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para que reconociera dos delitos fiscales. Según el Supremo, aquella noticia provocó un “frenético intercambio de comunicaciones” en la cúpula fiscal.
A las 21.34, García Ortiz llamó a Rodríguez, que a su vez contactó con el fiscal encargado del caso. A las 21.54, Rodríguez pidió al fiscal general una dirección donde enviar los correos cruzados entre la Fiscalía y la defensa. Él proporcionó su correo personal y, minutos después, recibió dos mails: uno a las 21.59 y otro a las 22.01. El primero contenía el mensaje enviado por la defensa el 2 de febrero, donde se afirmaba: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Fragmentos de ese correo aparecerían horas después en Cadena SER.
Poco después, García Ortiz echó en falta otro correo mencionado en EL MUNDO. A las 22.17 pidió a Rodríguez localizarlo. “Nos falta el mail… Lo necesitamos para cerrar el círculo”, insistió. A las 23.46, Rodríguez consiguió el mail y lo remitió al fiscal general.
Ya con toda la documentación reservada en sus manos, el asunto dio un giro hacia la comunicación pública. A las 00.12 del 14 de marzo, García Ortiz envió a Rodríguez un borrador de la nota de prensa que pretendía difundir. El texto incluía detalles confidenciales de las comunicaciones entre la defensa y el fiscal del caso. Rodríguez y la fiscal decana de Madrid, Virna Alonso, revisaron el documento y lo validaron.
A las 9.10 del 14 de marzo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, recibió una llamada del fiscal general. Según su testimonio, lo primero que le dijo fue: “¡Has filtrado los correos!”. Ella respondió que ese no era el problema. “Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes”, afirmó García Ortiz.
Lastra declaró que recibió numerosos mensajes de él antes y después de aquella llamada. En uno de ellos, revelado por EL MUNDO, el fiscal general marcó la prioridad política y mediática del movimiento: “Es imperativo sacarla. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”.
A las 10.22, varios medios difundieron el comunicado emitido —curiosamente— con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, y no del órgano dirigido por Lastra, que se había opuesto a hacerlo público. El texto revelaba datos confidenciales de los correos cruzados entre Fiscalía y defensa.
En abril, García Ortiz asumió la “responsabilidad última” de aquella nota.
La investigación reveló que los mensajes incluidos en la causa procedían de los teléfonos de Rodríguez y Lastra, pero no del de García Ortiz. En diciembre de 2024, la UCO confirmó que su terminal no contenía ningún mensaje de aplicaciones de mensajería entre el 8 y el 14 de marzo: “0 mensajes”, especificó el informe técnico.
La Guardia Civil descubrió además que García Ortiz había cambiado de móvil apenas una semana después de que el Supremo anunciara que lo investigaría. Desde junio de 2023 había utilizado dos terminales distintos sin devolverlos a la Administración, algo que él justificó alegando motivos de seguridad.
La prueba definitiva surgió en febrero de este año: el fiscal general no sólo eliminó los mensajes de WhatsApp, sino que también suprimió por completo la cuenta de Gmail donde había recibido el correo clave de la defensa del novio de Ayuso. La UCO calificó la acción como una “eliminación deliberada”.
