La ley Rider de Yolanda Díaz, anunciada como una «revolución laboral», se ha convertido en un paradigma del intervencionismo ideológico que destruye empleo y precariza sectores. Desde su entrada en vigor, más de 12.000 repartidores han perdido sus puestos de trabajo, empresas como Deliveroo y Amazon Flex han abandonado España, y los ingresos de los riders se han desplomado hasta un 60%.
Esta norma fue el eje de una conferencia en el Parlamento Europeo liderada por Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX, que reunió al diputado Juanjo Aizcorbe, y al secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso. Los participantes denunciaron la falta de diálogo con los afectados y las consecuencias devastadoras de una ley que «partió de prejuicios ideológicos y no de la realidad del sector».
Buxadé subrayó que la ley Rider nació de un error de diagnóstico: «Las relaciones laborales en las plataformas digitales no estaban basadas en el conflicto, sino en el consenso y la flexibilidad. Pero el Estado decidió intervenir creando un problema donde no lo había«,
Esta visión fue corroborada por el repartidor colombiano Gustavo Gaviria, quien describió cómo la normativa destruyó la autonomía que permitía a muchos riders combinar estudios y trabajos: «Participamos en más de 35 manifestaciones en 2021, enviamos 11 cartas al Ministerio de Trabajo y nunca fuimos escuchados. Yolanda Díaz ignoró a los trabajadores del sector».
Según Gaviria, la ley no sólo eliminó puestos de trabajo, sino que precarizó aún más a los que permanecen: «Hoy ganamos un 60% menos. Miles de repartidores han sido despedidos, y los pocos que seguimos trabajando estamos sometidos a un modelo híbrido que no garantiza estabilidad».
Rodrigo Alonso, criticó la imposición del modelo de asalariado sin considerar las necesidades de los trabajadores: «La ley partió de la idea errónea de que todos los autónomos eran falsos autónomos. En lugar de garantizar libertad y derechos… destruyó empleo». Y propuso soluciones concretas para evitar que el error se repita en Europa: reducir las cargas fiscales, reforzar la protección de los autónomos y permitir que cada trabajador elija su modelo laboral. «España no necesita más imposiciones ideológicas. Necesitamos políticas que escuchen al trabajador y respeten su libertad», afirmó.
Desde VOX, Juanjo Aizcorbe señaló que la normativa fue aprobada sin un análisis riguroso de su impacto: «Se legisla con prejuicios, no con datos. El resultado es una ola de despidos y un sector sumido en la incertidumbre».
Los ponentes advirtieron que la directiva europea inspirada en la ley Rider amenaza con extender los mismos errores al resto del continente. «Bruselas no puede ignorar el fracaso de esta normativa si quiere proteger el empleo y garantizar la viabilidad de los sectores digitales», concluyó Buxadé.
