La activación de la investigación judicial sobre los vínculos de Puigdemont con Rusia ha servido para que Moncloa y Ferraz hayan pasado de insinuar que los jueces tienen «implicaciones políticas» a acusarlos directamente de «injerencia».
Según el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, los jueces tienen el único objetivo de «doblegar al Gobierno y a la soberanía nacional en España», según fuentes gubernamentales consultadas por el diario The Objective.
Sin embargo, en Moncloa no están preocupados por estas presuntas injerencias judiciales, según han confesado desde el PSOE al citado diario. Los socialistas creen que los jueces «están demostrando que su intención es pararle los pies al Gobierno. A ver qué opina el comisario de Justicia de la Unión».
En privado, el grueso de las críticas las concentra el juez García-Castellón por investigar a a Puigdemont por un delito de terrorismo por su presunta participación en la organización de Tsunami Democràtic y los CDR