«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
implica que el coste quedó cubierto por el presupuesto público

El Gobierno admite que el hermano de Sánchez se benefició de recursos públicos durante su estancia en Moncloa pero se niega a justificarlos

David Sánchez. Europa Press

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ha admitido a El Debate, a través de tres respuestas oficiales, que David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, residió en el complejo de La Moncloa con su manutención a cargo de la residencia oficial. En relación con la estancia de la autocaravana vinculada al músico, el Ejecutivo reconoce que la residencia del jefe del Ejecutivo «alberga los enseres de uso privado» de Sánchez y de su familia, pero rechaza detallar los gastos concretos generados.

La petición se realizó por escrito a través del Portal de Transparencia y exigía la «relación de todos los gastos generados por la estancia, manutención y pernoctación del Sr. David Sánchez Pérez-Castejón en el Palacio de La Moncloa incluyendo comidas, bebidas, lavandería, limpieza, ropa de cama, productos de aseo. También traslados internos y cualquier otro coste asociado, aplicable igualmente a su esposa, la Sra. Kaori Matsumoto». Presidencia respondió que no existen facturas ni contratos a nombre de los citados porque La Moncloa se considera «un domicilio familiar» en el que «no se lleva registro de las visitas privadas que acceden a la residencia oficial».

De esta manera, el Gobierno asume como propios los gastos del hermano de Sánchez y de su mujer, aunque se escuda en que, al tratarse de la vida privada del presidente, no existen documentos que desglose el dinero público utilizado. La resolución deja constancia de que «no se ha abonado ninguna factura ni formalizado ningún contrato en el que se identifique a alguna de las personas que se señalan en la solicitud». Esa ausencia de registros es la fórmula oficial para evitar dar cifras, aunque implica que el coste quedó cubierto por el presupuesto público.

La misma opacidad se repite en la cuestión de la autocaravana de David Sánchez, que permaneció durante dos años estacionada en una de las plazas de aparcamiento de Moncloa, reservadas al personal y funcionarios. A raíz de la publicación de esta información, El Debate solicitó los datos relativos a fecha de entrada y salida, permisos de estacionamiento, consumo eléctrico, conexión a agua, limpieza y vigilancia.

La respuesta oficial, firmada por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, fue que la residencia del presidente puede acoger «almacenaje o, como el caso que nos ocupa, aparcamiento, sin que ello requiera ningún tipo de autorización institucional o acto administrativo habilitante». Añade que esa situación «no conlleva gasto asociado, ni directo ni indirecto, ni produce menoscabo alguno de los espacios de trabajo o de aparcamiento destinados a los empleados públicos». Sin embargo, se evita contestar a si el vehículo utilizó la gasolinera de uso restringido del complejo o si estuvo conectado al alumbrado eléctrico, preguntas que estaban expresamente incluidas en la solicitud.

El Gobierno también eludió responder sobre los servicios sanitarios utilizados por la esposa de David Sánchez. En concreto, El Debate pidió «el número total de ocasiones en las que la Sra. Kaori Matsumoto hizo uso de un vehículo medicalizado, ambulancia o vehículo sanitario camuflado adscrito al complejo de Moncloa con indicación de la fecha de cada desplazamiento, motivo del uso y coste detallado para las arcas públicas».

La contestación se limitó a señalar que la Ley de Transparencia solo permite acceder a información de la que exista constancia documental en la Administración, concluyendo que «este órgano no tiene constancia de los hechos que se describen en la solicitud y, por lo tanto, tampoco tiene ningún documento o contenido que se corresponda con la información solicitada». De este modo, pese a que El Debate publicó que la cuñada de Sánchez había utilizado este servicio en dos ocasiones para acudir al ginecólogo, la Presidencia volvió a negar cualquier explicación y evitó aportar datos, incluso cuando la solicitud preveía disociar datos sensibles para proteger la intimidad.

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