El Gobierno Pedro Sánchez ha concedido el 94% de las 32.000 solicitudes de regularización presentadas por inmigrantes ilegales afectados por la DANA, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La mayoría de estas resoluciones favorables se traducen en autorizaciones de residencia para inmigrantes en situación ilegal, junto con prórrogas de permisos existentes. Esta decisión ha generado interrogantes sobre la gestión de la crisis y las prioridades del Ejecutivo en un contexto de creciente presión migratoria.
La medida se produce en un momento en que la región de Levante y Baleares registra un incremento significativo en la llegada de inmigrantes ilegales. Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en lo que va de año han llegado 2.400 inmigrantes ilegales, principalmente desde Argelia, un 60% más que las 1.500 llegadas registradas en el mismo periodo de 2024.
El Ejecutivo ha destacado la creación de cuatro oficinas de extranjería específicas para tramitar estas solicitudes, agilizando la regularización de más de 30.000 inmigrantes en situación ilegal. La ministra Saiz ha argumentado que estas autorizaciones permiten a los beneficiarios acceder a las ayudas, evitando que su estatus administrativo sea un obstáculo adicional. Sin embargo, esta celeridad contrasta con las dificultades reportadas por numerosos españoles afectados por la catástrofe, muchos de los cuales no han recibido ayudas o han denunciado la falta de información clara sobre cómo acceder a ellas.
La narrativa oficial presenta la ilegalidad de estos inmigrantes como una circunstancia «sobrevenida» por la DANA, pero los datos sugieren que la mayoría ya se encontraba en España sin autorización previa. Este enfoque ha generado críticas por parte de agentes de la Policía Nacional consultados por LA GACETA, que cuestionan si la regularización de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país es una prioridad adecuada en un contexto de crisis, especialmente cuando la atención a los ciudadanos nacionales ha sido insuficiente.
La falta de claridad en los requisitos para acceder a estas medidas es otro punto de controversia. La ministra aseguró que demoras en la presentación de documentos, como certificados de antecedentes penales del país de origen, no serán motivo de denegación. Pero no se han detallado los criterios que han permitido aprobar el 94% de las solicitudes.
La regularización de más de 30.000 inmigrantes ilegales a través de la concesión previa de permisos de residencia podría reforzar la percepción de que entrar ilegalmente en España conlleva beneficios administrativos, un factor que, según la Policía Nacional, podría intensificar el efecto llamada.
